QUE EL LÍMITE por siniestro del Fidac es insuficiente para paliar los efectos económicos y ambientales de la catástrofe del Prestige viene avalado por el propio Fidac, que este año tenía ya previsto -antes del Prestige - multiplicar por cuatro sus fondos por catástrofe, pasándolos de 160 a unos 600 millones de euros. El propio funcionamiento del Fidac impone otra serie de restricciones para abonar su compensación, entre ellas la que le obliga a que luego de hacerla efectiva no aparezca una nueva reclamación asentada en derecho que genere una nueva indemnización, lo que invalida el límite de compensación del Fidac. Es obvio que ante esta situación pueden plantearse diversas estrategias. Una, la que se siguió en el caso del Mar Egeo , donde luego de una valoración de daños que rondaba los veinte mil millones de pesetas y con una sentencia que declaraba responsables civiles al Estado español y al Fidac, el Estado negocia con Fidac aceptar una valoración inferior a su límite de nueve mil millones, y garantizándole que cualquier nueva reclamación que pudiera surgir sería asumida por el propio Estado. Otra, la que, previa a cualquier sentencia judicial todavía pendiente, pretende desarrollar actualmente el Estado: valoración de daños de los distintos agentes afectados, pago por el propio Estado de dicha valoración y cesión a favor de éste de cualquier derecho de reclamación judicial posterior. Esta estrategia plantea dos hechos: por una parte, lo prematuro de establecer las indemnizaciones ante una catástrofe que está lejos de poder ser evaluada en su totalidad, y, de otra, el techo restrictivo que supone la aceptación del límite actual de la indemnización del Fidac, pues con independencia de los trabajos sobre el vaciado y control del Prestige hundido, el gasto realizado alcanza ya los mil millones de euros. Detrás de esta estrategia propuesta por el Gobierno está el escenario de déficit cero y estabilidad presupuestaria, junto con el de minimización del efecto catastrófico, lo que condiciona no sólo la valoración global de daños, sino también el método de indemnización diseñado. Si desde un cierto punto de vista la propuesta gubernamental pudiera parecer eficaz, globalmente compromete negativamente la valoración de los daños y las actuaciones ante el Fidac y los organismos internacionales, hasta el extremo de que no nos servirá para que la catástrofe se convierta en un elemento de oportunidad para Galicia y su sistema productivo y posiblemente lastre las actuaciones y estrategias si se produce un nuevo, y estadísticamente probable, accidente marítimo. Existe la negociación y el compromiso, antes y después de las resoluciones judiciales. ¿Pueden intentarlo?