A ESTAS alturas del verano y más calmadas las aguas europeas, parece claro que la futura Unión de 25 miembros corre el riesgo de sufrir tres divisiones: la que puede crear la ampliación, entre países prósperos y menos prósperos, la que ha insinuado la guerra de Irak, nueva y vieja Europa, y la brecha países grandes-países pequeños, con España en el medio, a la hora de repartir el poder en las instituciones europeas. Las dos primeras divisiones son superables; la tercera sin embargo es peliaguda y debería concentrar los esfuerzos de nuestros representantes en el curso político que viene. Vayamos por partes. La próxima ampliación de la Unión Europea a diez Estados en el 2004 es arriesgada. Falta un presupuesto europeo suficiente para atenuar los rigores que sufrirán los nuevos ciudadanos europeos al competir en un mercado europeo en desigualdad de condiciones de partida. Pocos se atreven a decir lo que muchos piensan, que no ha habido bastante preparación de los países candidatos y de la propia Unión. Pero con todos sus defectos, esta ampliación tiene la enorme virtud de borrar las injustas fronteras de Yalta en 1944 y de afianzar la democracia y el desarrollo económico en toda Europa. La experiencia de ampliaciones pasadas sugiere que la Unión acabará haciendo las reformas necesarias para ser capaz de gobernar con éxito una sociedad europea más heterogénea y compleja. Por otro lado, el tiempo, los intereses compartidos y los errores diplomáticos de EE. UU. están curando las heridas abiertas en la Unión por la crisis de Irak. La comunicación entre Londres y Berlín es muy fluida y el Gobierno francés se da cuenta de que está en clara minoría al tratar de definir Europa por oposición a EE. UU. A cambio, cada vez más europeos quieren que la Unión tenga voz propia en el mundo y que, sin dejar su orientación pro-atlantista, modere e influya en una presidencia norteamericana poco ilustrada en cuestiones internacionales. La división Estados grandes-Estados pequeños es peor que las otras dos mencionadas. La Europa de 25 estará compuesta por cuatro Estados grandes, dos intermedios (España y Polonia) y un nutrido grupo de Estados medianos o pequeños. Es muy difícil encontrar una fórmula que guste a todos para repartir votos en el Consejo, influencia en la Comisión y número de diputados europeos por país. En los últimos cinco años el antagonismo países grandes-países pequeños ha ido en aumento. En la reciente Convención Europea, Giscard D'Estaing ha favorecido las ideas franco-alemanas, aunque no hay gran coherencia entre París y Berlín sobre la forma del poder europeo (los alemanes quieren más federalismo y los franceses más control de algunos gobiernos nacionales sobre Bruselas). Para que siga funcionando la integración europea, los países grandes deben renunciar a la idea nostálgica y poco democrática de un directorio de cuatro países que imponga sus decisiones al resto o que bloquee las de la mayoría. Es cierto que los seis más poblados de la Unión suman más del 70% de los ciudadanos europeos, pero en una Unión que quiere preservar la diversidad de pueblos y democracias nacionales no pueden crearse grupos permanentes de ganadores y perdedores. Tampoco es una buena idea la alternativa francesa al directorio, que consiste en avanzar hacia una Europa de varias velocidades, en la que unos pocos Estados puedan resistir en un núcleo duro y privilegiado a las nuevas mayorías europeas. En otoño, la negociación continuará y cada ejecutivo europeo tendrá poder de veto sobre el resultado final, que se plasmará en una Constitución europea. España corre el riesgo de perder su respetable peso institucional, duramente negociado y obtenido en reformas anteriores. Pero también puede acabar siendo un jugador clave en este reparto si consigue mantener sus bazas para ser cola de león a veces y en otras ocasiones cabeza de ratón.