DONALD Rumsfeld, secretario de Defensa estadounidense, está presionando a Bélgica para que derogue su ley llamada de «competencia universal», aprobada en 1993, que otorga a los tribunales del país competencia para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en cualquier lugar del mundo. Para conseguir la retirada de la ley, EE. UU. está bloqueando financieramente el proyecto de la nueva sede de la OTAN a construir en Bruselas, según localización y diseño aprobados la pasada primavera. Nada se puede objetar formal y diplomáticamente a tal actitud, cada uno presiona como puede para llevar las aguas a su riego. Pero lo que asustan son las razones que se aducen para justificar tal conducta. O, mejor, el ingenuo (¿o desvergonzado?) reconocimiento implícito que conllevan de estar actuando in utrumque paratus : «Ningún alto funcionario ni militar de mi país -dice Rumsfeld- puede sentirse seguro con leyes así» (sic).