CADA VEZ es más evidente que los dirigentes del PSOE quieren hacerse las víctimas de un suceso del que en realidad son los culpables, y que, lejos de verse sorprendidos por un hecho imprevisible, están cosechando el resultado propio de quien camina por la vida con una bomba en la mano, con la inocente esperanza de que nunca se le acabe la mecha. Por eso huele a cuerno quemado el intento de convertir un conflicto de partido, o de la coalición de izquierdas, en una crisis institucional, como si todavía quisiesen agarrarse al exceso que supone el intento de deslegitimar un gobierno del PP que, en pura lógica institucional y democrática, debería tomar posesión la semana que viene. La mayoría popular es suficiente para gobernar Madrid, y en absoluto está justificado que los dos grandes partidos del Estado alimenten un catastrofismo político e institucional de imprevisibles consecuencias, sin otro objetivo que no sea la defensa de una coalición a la medida de Simancas, o de una segunda vuelta a la medida de Esperanza Aguirre. Y así se explica que, lejos de atender a cuestiones de fondo, el empeño del PSOE -muy jaleado por el PP- esté orientado a conseguir que los socialistas rebeldes entreguen sus escaños a dos militantes disciplinados que, sin preguntar nada ni exponer una sola idea, se dediquen a apretar el botón y a cobrar el sueldo a fin de mes. Porque, a pesar de sus diferentes objetivos y estrategias, a todos les interesa decir que esto fue un sarpullido pasajero, como si con tan sencilla fórmula quedasen respondidas las muchas preguntas que surgen en torno a la forma de hacer política en el PSOE y a los intereses que se trataron de comprar y defender dándole el poder al PP. La estrategia elegida por el PSOE para salir de este embrollo es absolutamente equivocada, porque no es posible convertir a unos rebeldes en deleznables corruptos sin que todas esas acusaciones se vuelvan, como un bumerán, contra el partido que les dio la oportunidad de hacer lo que hicieron. Por eso pienso que Rodríguez Zapatero debería dar por perdida la batalla de Madrid y pedir que Aguirre sea investida presidenta. Sólo así podrá cerrar el caso en limpio, dedicar su esfuerzo a reconstruir la mayoría de izquierdas, investigar y denunciar las tramas inmobiliarias que compraron a sus diputados y hacer que todo esto le estalle en las manos al PP en vísperas de las elecciones generales. Cualquier otra cosa que haga será como revolverse en arenas movedizas, o como cavar su propia tumba en el cementerio de las elecciones generales. Y eso, como es obvio, no beneficia a nadie, salvo al misterioso empresario que quiere un gobierno popular a toda costa.