LO SUCEDIDO el martes en la Asamblea de Madrid, como consecuencia de la felonía de los diputados socialistas Tamayo y Sáez, es un hecho que reviste extrema gravedad, lo que hace inevitable la investigación y el pleno esclarecimiento de las causas que lo provocaron. De lo contrario, la sospecha, hoy muy extendida, de que poderes de origen no democrático -económicos y políticos- pueden condicionar o manipular la voluntad expresada en unas elecciones, se transformaría en una certeza de demoledoras consecuencias. Afortunadamente nadie ha dado crédito a las asombrosas coartadas con las que este par de sinvergüenzas pretendían justificar su bochornosa conducta. Pero esto no es suficiente. Además, la situación política creada ha de ser superada mediante procedimientos absolutamente respetuosos con los hábitos democráticos y con la voluntad popular expresada en las urnas. De otra manera, los anticuerpos democráticos se debilitarían alarmantemente y la corrupción -y los corruptos- gozarían de una indeseable y peligrosa impunidad. En cualquier caso, los daños producidos son ya considerables. En primer lugar, en el Partido Socialista, que con este penoso suceso ve quebrantada su imagen y la credibilidad de sus dirigentes, tanto madrileños como estatales. Especialmente de Zapatero, Blanco y Simancas, que ahora tendrán que gestionar una grave crisis interna y explicar a la opinión pública por qué han permitido ocupar puestos de salida en las listas a personajes de conocido y oscuro pasado, demostrando así ser preocupantemente inmunes a la cordura. Peor aún sería, llegados a este punto, que el PSOE se prestara a formar un gobierno cuya mayoría y, por tanto, sus decisiones, dependieran del voto de estas dos personas. La salida a la crisis sitúa también al PP ante sus responsabilidades y, desde luego, pondrá a prueba sus convicciones democráticas y su compromiso con la ética política. Esperanza Aguirre no puede, sin violar estos principios, acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid de la mano de dos tránsfugas del PSOE, y mucho menos puede prestarse al chantaje permanente durante toda la legislatura. Así las cosas, no parece que exista otra salida que un adelanto electoral que devuelva la palabra a los ciudadanos de Madrid. Comprendo que, a raíz de lo ocurrido, la izquierda, especialmente el PSOE, pueda salir perjudicada al ver afectada su credibilidad y fiabilidad por este desgraciado incidente. Pero, sinceramente, no veo otra fórmula democrática que, al mismo tiempo, impida que los corruptos se salgan con la suya. No pueden triunfar.