EL ACTUAL ministro de Ciencia y Tecnología, José Piqué, tampoco lo consiguió. España continúa sin lograr una Ley del Audiovisual que organice algo el enmarañado mundo legal de la televisión. Desde 1980 se están acumulando leyes, decretos, órdenes, modificaciones de leyes, transposiciones de directivas, modificaciones de las directivas, modificaciones de las modificaciones, artículos tras artículos, sobre televisión pública estatal, televisión pública autonómica, televisión privada, televisión local, televisión por satélite, televisión por cable, televisión en las comunidades de vecinos, televisión en los hoteles... Y así hasta donde uno quiera. Pues bien, en lugar de ese nuevo texto, que podría sistematizar tal número de normas, vamos a tener un número indefinido de artículos sobre TV en una nueva ley de Telecomunicaciones. Más enredo es imposible. Y todo ello porque no se puede tocar el modelo de RTVE. El sector privado quiere que TVE opte por la recabar recursos económicos exclusivamente a través de la publicidad o bien por la vía de los presupuestos del Estado, pero no por las dos fórmulas al mismo tiempo. Sin embargo, los responsables de Hacienda prefieren mantener ambas fuentes de financiación: los máximos ingresos posibles por emisión de publicidad y compensar lo que falte por medio de los presupuestos del Estado. De ahí no se mueve nadie. Esperemos, sin embargo, que en el nuevo marco legal se puedan mantener, por lo menos, los grandes principios que pretendía establecer la Ley del Audiovisual de Piqué, aunque sea de forma enmarañada. A saber: Que la televisión en España deje de ser un servicio público de titularidad estatal y pase a ser un servicio de interés general prestado en libre competencia, aunque se mantengan los servicios públicos de TV de ámbito estatal, autonómico y local. Que cada comunidad autónoma organice su televisión propia de acuerdo con los criterios de gestión pública, si lo considera oportuno, o por medio de una concesión al sector privado si lo cree más eficaz. Aunque lo más normal es que una TV autonómica no pueda vivir exclusivamente del mercado publicitario por ser un ámbito de difusión muy restringido. Que las televisiones locales sean realmente locales, aunque dediquen algunas horas a la emisión en cadena para una mejor explotación y viabilidad. Que puedan crearse todos los canales temáticos o generalistas que sean viables en un mercado de libre competencia. Esto sólo será realidad con la televisión digital terrestre, en la que un solo difusor podrá emitir muchos canales distintos. Aunque todos lamentamos que la nueva ley no haya sido posible en esta legislatura, creo que nos conformaríamos con el mantenimiento de los principios mencionados. En todo caso, un parche más sobre tan remendada tela no va a ayudar demasiado al mercado español del audiovisual.