TODOS LOS estudiantes de Derecho deberían visitar el Parlamento vasco, convertido por el nacionalismo gobernante en un auténtico laboratorio de experiencias anticonstitucionales. Un laboratorio donde el despropósito jurídico y político parece no tener punto final. Primero fueron unos presupuestos aprobados por porciones (como los célebres quesitos) que terminaron por ser declarados inconstitucionales; después el alucinante «Dictamen de la comisión de autogobierno», en el que los nacionalistas acordaban dar un ultimátum al Estado democrático, al que amenazaban con ejercer unilateralmente las competencias controvertidas con Madrid. La guinda de esa tarta, cocinada a partes iguales con el ventajismo político derivado de la presión de las pistolas y el desprecio de las leyes, acaba de ponerla el PNV: su negativa a cumplir la sentencia del Supremo que ordena la disolución del grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, sucesor de la ilegalizada Batasuna. Tal negativa supone, pura y simplemente, mandar a hacer puñetas un principio esencial de cualquier Estado de derecho, el del cumplimiento obligatorio de las resoluciones judiciales, que nuestra Constitución recoge en su artículo 118. Un principio sin el que el Estado no puede en modo alguno funcionar. ¿Se imaginan qué ocurriría si el cumplimiento de las sentencias de los jueces quedará en cada caso al libre arbitrio de los obligados a cumplirlas? Da pavor sólo pensarlo. Ese pavor no parece haber afectado, sin embargo, a los diputados nacionalistas que han decidido montar, para escarnio de nuestras leyes y de nuestra inteligencia, un vergonzoso vodevil. Sí, un vergonzoso e indecente vodevil, en el que los mismos partidos que votan en la mesa del Parlamento vasco a favor de la posibilidad de que su presidente ordene la disolución de Batasuna, deciden luego en la junta de portavoces bloquear tal decisión, en un acto que pone de relieve con una meridiana claridad el acuerdo al que han llegado todos los participantes en la farsa: el de proteger al brazo armado de un grupo terrorista que ha asesinado a casi mil personas. Pues de eso se trata nada más: de proteger a un grupo parlamentario del que forma parte un criminal (Josu Ternera), que es el trasunto de un partido ilegalizado por decisión unánime del Supremo en aplicación de una ley, aprobada por la inmensa mayoría de las Cortes, y considerada conforme a la Constitución unánimemente por el Tribunal Constitucional. Un grupo, en fin, cuyos diputados son miembros de un partido que los quince Estados de la Unión acaban de incluir sin apenas discusión en la lista europea de organizaciones terroristas.