ESTE VERANO los trabajos de la Convención Europea presidida por Giscard D'Estaing llegarán a su fin. La peculiar asamblea constituyente entregará a los jefes de Estado y de gobierno un borrador de Constitución europea para que sirva de base a su negociación posterior bajo presidencia italiana. Nos hemos acostumbrado a que con cierta periodicidad haya una renegociación de los tratados europeos y a que cada vez sea más difícil entender los resultados de los sucesivos parcheos de las reglas del juego comunitarias. Sin embargo, esta vez se trata de una reforma algo distinta. La Convención está formada por representantes que van mucho más allá del ámbito diplomático en su pluralismo y en su afán de hacer comprensible las normas que regirán la integración europea. La sensibilidad de los parlamentarios nacionales y europeos y de importantes personalidades políticas de la Unión se han hecho muy presentes en estos catorce meses de reuniones. La Convención europea ha tratado de emular el espíritu de la de Filadelfia en 1787, que redactó la Constitución de EE.?UU. hoy todavía vigente. Ha debatido los principales problemas políticos de Europa como si de verdad atravesáramos un momento constituyente. No sólo ha revisado cómo se toman decisiones en Bruselas y en qué áreas, sino cuáles deben ser los objetivos de la Unión y los contenidos sustantivos de sus políticas comunes, desde la defensa a la libre circulación de personas. Todo esto lo ha hecho en un contexto de mayor desconfianza ciudadana hacia la Unión, bien porque hace demasiadas cosas, bien porque su actuación tiene graves omisiones, según quién la critique. Como era previsible, en los últimos meses ha sufrido una cierta parálisis por la crisis de Irak. Entre los posibles logros de la Convención está, en primer lugar, existir, es decir, haber cambiado el método de reforma de los tratados, ampliando la representación política mediante esta fórmula convencional. Es un verdadero avance democrático. En el futuro no será posible reformar los tratados sin pasar por una convención. Otro paso adelante será la propia denominación del texto resultante, un tratado constitucional o una Constitución europea. Ambos nombres ponen de relieve la existencia de una comunidad política europea que ha trascendido su origen de organización internacional y que por lo tanto demanda ser comprendida y criticada a través de un constitucionalismo propio, compatible con la dimensión nacional y regional de la Unión. La inserción de la Carta de Derechos Fundamentales del 2000 como parte del nuevo texto constitucional es otro avance, ya que aportará más seguridad jurídica sobre el contenido de los derechos de los ciudadanos europeos. Lo más probable es que el tratado constitucional entre en vigor una vez lo hayan aprobado todos los Estados miembros, ojalá en referendos, pero podrá ser reformado por mayoría, para evitar su rigidez. En el otro lado de la balanza, tal vez la Convención no ha tenido tiempo suficiente de debatir y madurar una reforma de las instituciones que vaya más allá de lo conseguido en la negociación de Niza. Es muy difícil imaginar un sistema institucional distinto al actual y aceptable por todos los Estados miembros. Es posible que se acabe creando una presidencia permanente del Consejo Europeo para sustituir a las presidencias rotatorias en una Unión Europea de 25 socios muy dispares en tamaños y capacidades de liderazgo. Para que esta presidencia permanente no sea un freno a la integración, como desean Francia y el Reino Unido, es necesario aclarar sus poderes, su relación con la Comisión y ante qué Parlamento rinde cuentas, todo ello incorporando una cierta rotación de Estados en la nueva cúpula europea, cuya legitimidad no puede ser intergubernamental o medieval. Otro aspecto sombrío de la reforma es la falta de participación ciudadana en los debates de la Convención, aunque se ha superado el secretismo de las conferencias diplomáticas, abriendo las puertas de la negociación día a día a través de Internet. En España, el 90% de los ciudadanos desconocen qué es la Convención Europea. Puede ocurrir que el verdadero debate federalista y antifederalista empiece una vez se firme dentro de unos meses el texto definitivo de la nueva Constitución, igual que ocurrió con la Constitución de Filadelfia hace más de dos siglos. Nunca he votado al PP, pero reconozco que me alegré de su victoria en 1996, ya que fui uno de los muchos decepcionados por Felipe González. Soy soltero, 42 años, sin cargas familiares, y parado desde hace más de dos años. He cotizado durante más de 20 años a la Seguridad Social, que nunca he utilizado, por tener un seguro médico privado hasta hace un año. Soy un ejecutivo que dejó su puesto de trabajo deslumbrado por las perspectivas del mundo Internet, que en menos de un año me dejó en el paro sin indemnización. Mis pequeños ahorros se esfumaron enseguida, y la desesperación por no encontrar trabajo me llevó a regresar a mi pequeña ciudad de provincias pensando que un triunfador en Madrid encontraría fácilmente trabajo. En dos años el Inem no me ha llamado ni una sola vez, y aunque yo he rebajado mis pretensiones económicas y profesionales, sigo sin encontrar nada. Hasta aquí es una historia más de tantas en esta España que va bien, pero menos. Pero lo que me ha dejado estupefacto, después de haber sufrido un accidente, es saber que no tengo derecho a la sanidad gratuita, porque ésta se termina 90 días después de finalizada la prestación de desempleo. Mi nombre ni aparecía en el ordenador del hospital. Voy a tener que pagar de mi bolsillo la intervención y la hospitalización. Esta es la sanidad universal, gratuita, y sin listas de espera (varias horas para ser atendido, varios días para ser tratado, varias semanas para un TAC, y varios meses para ser operado) que nos prometió el PP. C.A.O . A Coruña. Vuelve Franz Beckenbauer, presidente del Bayern Múnich, a quejarse del exceso de extranjeros en la liga alemana. Creo que España debiera adoptar alguna medida que garantizase la presencia en el campo de un número de españoles. Los cambios no pueden hacerse de golpe, por eso creo que la forma tranquila, paulatina, de garantizar la presencia de españoles sería la justa. Lo reduzco a la fórmula siguiente: D.5-6/A.6-5. Esto quiere decir que durante una etapa transitoria se debería garantizar el que al menos cinco españoles estuvieran jugando, por seis no españoles. Superada esa primera etapa, se pasará a la segunda parte de la fórmula (A.6-5): a partir de entonces se garantiza que cada equipo tendrá siempre, al menos, seis nacionales (es decir, susceptibles de ser seleccionados por la selección), por cinco no españoles. . Barcelona.