EL PRÓXIMO 25 de mayo tendrán lugar las séptimas elecciones municipales de la democracia. Desde las primeras, en 1979, los ayuntamientos están viviendo un proceso de constante cambio para poder ofrecer a los ciudadanos mejores servicios. Este artículo quiere contribuir al debate, ya iniciado por otros colegas, de la necesidad de aumentar las competencias y la financiación de los ayuntamientos. En estos momentos la administración local sólo recibe el 13% del dinero público. Mientras la financiación de los ayuntamientos permanece estancada, lo que no ha dejado de crecer es la demanda de servicios y soluciones por parte de los ciudadanos. Que los ayuntamientos han sido los grandes olvidados de la transición es algo que ya nadie discute. Hasta cierto punto se puede entender que así fuera durante los primeros años de la democracia, teniendo en cuenta que la prioridad era el desarrollo autonómico, es decir la descentralización del Estado. Entonces nadie se ocupó de prever los problemas de financiación que surgirían en los ayuntamientos, que al final son los que impiden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Veinticinco años después las cosas están mas o menos igual en cuanto a competencias y financiación se refiere. Sin embargo algo se está moviendo en la dotación a los ayuntamientos de mecanismos más ágiles de gobierno y gestión. En este sentido el pasado 12 de marzo el Gobierno y el PSOE aprobaron una enmienda en el Parlamento sobre la modificación de la actual Ley de Régimen Local. Los ayuntamientos tenemos que financiar infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, mantener viales y carreteras, servicios de limpieza y recogida de basura, mantener los colegios e institutos, las instalaciones deportivas, la programación cultural y además la seguridad ciudadana cuando la población no supera los 50.000 habitantes. Es cierto que los últimos Presupuestos del Estado incluían una reforma de la financiación local que permite que los ayuntamientos turísticos de más de 20.000 habitantes reciban parte del IRPF y el IVA, en compensación a la supresión del IAE. Pero, ¿qué ocurre con ayuntamientos como Sanxenxo que tiene 17.000 habitantes pero tres meses al año llega a las 100.000 personas, superando a ciudades como Pontevedra? ¿No está siendo perjudicado Sanxenxo si se le compara por ejemplo con un ayuntamiento turístico que tiene 21.000 habitantes, y por tanto el derecho a percibir parte del IRPF y el IVA, pero en verano su población no alcanza las 40.000 personas? Seguramente algún lector estará pensando que todos los turistas que nos visitan se dejan un dinero que al final repercute en los ingresos que recibe el ayuntamiento. Y así es, pero hay que tener en cuenta que la presencia de este número tan importante de visitantes acaba generando bastantes más gastos que ingresos. Todos coincidimos en la necesidad de converger con Europa, en mirarnos al espejo de los ayuntamientos franceses y alemanes que son ejemplos de calidad de vida. Pues bien el gasto anual de los ayuntamientos españoles por habitante es de 740 ¿ cuando la media europea está por encima de los 2.000 ¿, casi tres veces más. Con frecuencia se acusa a los ayuntamientos de vender suelo para poder financiar obras. Más bien diría que ante la urgencia de determinadas obras, que no son asumidas por otras administraciones, no nos queda más remedio que recurrir en algunos casos a este tipo de financiación. Ha llegado el momento de que todos los partidos políticos se sienten de una vez a solucionar los problemas de los ayuntamientos y no sólo de las grandes ciudades, donde ya se han buscado soluciones. Los ciudadanos debemos de ser conscientes de que la mayoría de los alcaldes no podrán resolver los problemas mientras no dispongan de más financiación y competencias. Hay políticos que ya han dado pasos importantes en la modernización de los ayuntamientos como el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardon, cuyo gobierno aprobó el pasado 6 de marzo la Ley de Administración y Pacto Local que permite a los ayuntamientos elegir entre 13 competencias y la financiación correspondiente. Para estudiar el caso concreto de cada municipio se crea una comisión mixta formada por el mismo número de miembros por cada administración. Creo que este es el camino que debemos recorrer en el futuro.