QUE EL JUEZ Baltasar Garzón es uno de los personajes más controvertidos de la sociedad española, resulta indiscutible. Que la entereza y valentía con la que aborda los procesos contribuyen a ello, es evidente. Que su polémica experiencia política y protagonismo le ayudan a ser objeto de esa controversia, tampoco parece muy discutible. Pero Garzón es un profesional de la judicatura que brilla con luz propia. Sin necesidad de polémicas. Estos días el juez vuelve a estar en el punto de mira. Es cíclico. Lo está porque el Consejo General del Poder Judicial considera que su postura y opiniones contra la guerra de Irak resultan incompatibles con el ejercicio de su cargo. Es cierto que Garzón se expresó con una rotundidad definitiva. Calificó la invasión de «guerra ilegal» y exigió a José María Aznar que se retirase de ella.Pero lo que el juez Garzón hizo no es más que expresar su opinión como ciudadano de a pie. Que es exactamente lo que ha hecho el 91% de los españoles, cuando le preguntó el CIS. Situar el pronunciamiento de Garzón en el debate sobre la libertad de expresión, es una quimera. El juez Garzón ha dicho lo que creía que debía de decir. Con claridad y rotundidad. Lo mismo que hace cuando opina de los terroristas, los dictadores, los banqueros corruptos, o del botillo de El Bierzo.Quizás resulte demasiado demagógico plantearse qué habría hecho el Consejo si Garzón hubiese aplaudido entusiásticamente la actitud de Aznar. Ahora que todos los días, a todas las horas, vemos a capitanes, comandantes y tenientes coroneles loar con fervor la intervención angloamericana. Por eso, decir que un juez sólo puede expresarse, aunque sea de un asunto que no le competa profesionalmente, a través de autos y resoluciones, es lo mismo que exigir a los militares que sólo opinen a cañonazos.