LA DECISIÓN de ilegalizar un partido político es una de las más graves que pueden adoptarse en democracia. Por eso resulta imprescindible que se rodee de las garantías necesarias para eliminar de plano la sospecha de que la ilegalización atenta contra las libertades sin las que desaparece el pluralismo. ¿Han existido esas garantías en el largo procedimiento que podría, finalmente, conducir a la ilegalización de Batasuna? Sin ningún género de dudas. El proyecto de ley de partidos presentado en su día por el gobierno del PP con la finalidad de crear un marco legal que permitiese a nuestros jueces decidir sobre la eventual ilegalización de las organizaciones partidistas fue sometido a dictámenes jurídicos del Consejo de Estado y del órgano de gobierno de los jueces (su Consejo General), que plantearon diversas discrepancias con el texto.El debate parlamentario posterior lo modificó en aspectos sustanciales, eliminando los problemas que podrían haber dificultado su encaje en nuestra ley fundamental. Tras la oportuna votación, el proyecto fue aprobado en el Congreso por 304 de sus 350 diputados, pertenecientes a partidos que representan al 85% de los votantes españoles y al 94% de los escaños de la Cámara.Después de la entrada en vigor del nuevo texto y una vez constatado con elementos de prueba apabullantes que Batasuna podría haber incurrido en su actuación en varios de los supuestos de ilegalización previstos en la ley, el Congreso de los Diputados aprobó, otra vez por inmensa mayoría, (295 votos a favor, 29 abstenciones y 10 votos en contra) una proposición instando al Gobierno a solicitar la ilegalización de Batasuna. Paralelamente el Gobierno vasco decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que debe servir al Tribunal Supremo para adoptar su decisión favorable o contraria a la ilegalización. Pendientes de momento de la misma, el Tribunal Constitucional sentenció por unanimidad que la ley de partidos es perfectamente compatible con la Constitución.Queda por conocer la sentencia del Supremo. Pero si la misma fuera favorable a ilegalizar a Batasuna, todavía podría ese partido recurrir en amparo ante el Constitucional; y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con posterioridad. ¿Caben más garantías? La verdad es que resulta difícil imaginar otras que pudieran añadirse a las que han protegido el derecho de Batasuna a la justicia. El derecho de un partido, no se olvide, que ha considera legítimo una y otra vez el que ETA le pegue un tiro en la cabeza a quienes, sin juicio ni posibilidad alguna de defensa, son declarados reos del delito de no nacionalismo.