PESE A TODO la civilización avanza, si entendemos por tal término, altamente polémico, el desarrollo de la capacidad y la voluntad emancipatoria del ser humano. Globalización económica, multiculturalismo, flujos migratorios, minorías nacionales y culturales, desequilibrios norte-sur, democracia política y fenómenos de exclusión social, constituyen algunos de problemas nuevos-viejos que se presentan en unas condiciones especialmente graves. Si tenemos en cuenta la naturaleza de los retos presentes, el viejo Estado nación resulta obsoleto, e incluso instituciones que desempeñaron una función crucial durante la guerra fría para la preservación de la paz, como la ONU, están sometidas a una intensa crisis de deslegitimación. Cuando deberíamos avanzar en la configuración institucional del siglo XXI, todo indica que corremos el riesgo de regresar a concepciones de supremacía económica, cultural y de gran potencia política y militar más propias del siglo XIX. En estas condiciones nace el Tribunal Penal Internacional. Se trata de construir la conciencia del hombre y de la mujer del nuevo siglo que será una conciencia global vinculada a la expansión de la democracia y al respeto de los derechos humanos. La tentación unilateral de la actual Administración republicana de George W. Bush también condiciona el futuro del Tribunal. Las ratificaciones del Estatuto de Roma suman a 89 estados sobre un total de 139 países que lo suscribieron inicialmente. La firma del Estatuto constituyó una de las últimas decisiones políticas adoptadas por Bill Clinton, pero Bush decidió no ratificarlo, y, además, desencadenó una ofensiva política para impedir que otros países apoyaran el nacimiento del Tribunal. Las circunstancias internacionales no pueden ser más adversas, pero los valores de la vieja Europa se han visto recompensados.