LAS ÚLTIMAS redadas contra ETA no pueden ser fruto de la casualidad. Estamos ante una operación político-policial-judicial planificada que busca lo único que puede buscar: descalabrar ese entramado. Y así, un día asistimos a la detención de los restos de kale borroka . Otro, a la desarticulación de la llamada cantera de la banda armada. Y ayer mismo, al desmontaje de un grupo periodístico y la detención de sus dirigentes. Se está cumpliendo así uno de los objetivos de este Gobierno: luchar contra el terrorismo con la policía y los jueces; lo que se llama «la fuerza y la legitimidad del Estado de Derecho». Lo que ocurre es que la última operación, la efectuada contra el diario Euskaldunon Egunkarria , ha tocado en una parte sensible de la realidad vasca. Ha tocado en un medio que difundía el idioma vasco. Ha tocado a un medio de comunicación, y es muy fácil -y quizá obligado- invocar la libertad de expresión. Ha tocado a una empresa que el Gobierno vasco había subvencionado, y ningún gobierno acepta fácilmente que se la policía descubra que estaba subvencionando a un brazo de una banda terrorista. Y ha sorprendido a todo el mundo que tenía alguna relación, aunque sólo fuera de simpatía, con ese grupo. Protestas Por todo ello se armó el follón que cuenta este periódico: protestas políticas, sindicales, universitarias y la acusación de que se viola la libertad de lengua y pensamiento y que se ataca a la cultura vasca. Incluso podremos asistir a alguna forma de desobediencia a la autoridad judicial. ¿Qué podemos decir ante ello? Solamente una cosa: ojalá el juez Juan del Olmo tenga las pruebas muy claras y bien atadas. Si no las tiene, el nacionalismo vasco encontrará aquí otro motivo para alimentar su victimismo. No es igual detener a un grupo de activistas que a personas a quienes se considera defensoras y promotoras de una cultura. Supongo que el juez también conoce esa diferencia.