LA DECISIÓN de abortar en una situación compleja es siempre un suceso trágico, pero que una niña de nueve años embarazada a causa de una violación se convierta en motivo de confrontación entre feministas y católicos, en una perspectiva maniquea de la realidad, y que más allá del caso concreto, lo que parece interesar es alcanzar un cambio legislativo en el país en cuestión, resulta a todas luces moralmente repugnante. En todo este caso hay muchas incógnitas: ¿por qué los padres (analfabetos) se presentan ante los medios de comunicación acompañados de uno de los más prestigiosos abogados del país y de una de las principales feministas de Nicaragua? ¿Por qué se dice que es preocupante que el cardenal Obando intervenga en una materia que no es de su ministerio, que se trata de una materia de salud? ¿Acaso la jerarquía católica no puede expresar con libertad sus opiniones sobre este asunto y, en particular, orientar la conciencia de sus fieles? ¿Por qué a priori se duda de la objetividad e imparcialidad de los miembros de la comisión científica nombrada al efecto? ¿Por qué fueron repatriados de Costa Rica por esa asociación feminista si resulta que el artículo 121 del Código Penal costarricense permite el aborto en este supuesto (no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios)? La moral tradicional enseña claramente que hay casos en que tenemos que elegir el mal menor a fin de evitar el mayor. No sé si en este caso estaremos ante una de estas situaciones; sólo sé que la defensa y promoción de la vida debiera guiar todas nuestras decisiones.