«EL GOBIERNO debe rectificar. Y si no, debe dimitir». Eso se lee en los periódicos y se escucha en las tertulias. Lo dicen Zapatero, Beiras y Touriño. Lo proclaman las plataformas y lo afirman los actores. Yo mismo lo diría si no fuera porque el asunto es más complicado de lo que resulta a simple vista. ¿Debe rectificar el presidente? A bote pronto, la cosa parece elemental, porque además de los millones de personas que se han manifestado contra la guerra en toda España, los sondeos cantan un dato apabullante: que la inmensa mayoría de los españoles no comparten la política oficial de su país en el conflicto con Irak. La conclusión («Aznar debe cambiar de posición y asumir la manifestada por el pueblo») parece, por tanto, indiscutible. ¿Lo es, en realidad? Pues, aunque decirlo resulte impopular, lo cierto es que la rectificación que se exige a Aznar plantea gravísimos problemas. El primero, que el pueblo al que aquél habría de seguir no tiene una sino varias posiciones, muchas de ellas tan alejadas entre sí que intentar hacerlas políticamente operativas resultaría una quimera. Pero con ser importante, no es esto lo esencial: el auténtico problema es que nadie debería fiarse de un gobierno que cambia sus grandes decisiones de la noche a la mañana. Digamos la verdad: o el Gobierno cree que su política es correcta, y entonces, pese a las presiones, no debe cambiarla en lo esencial, salvo que surjan nuevos datos esenciales; o tras su confrontación con la opinión pública ha llegado a la conclusión de que, como muchos creemos, está muy equivocado: es entonces, y sólo entonces, cuando, dada la trascendental importancia de los hechos objeto de debate (¡una guerra!) debería dimitir. Y es que lejos de lo que se oye en estos días, un gobierno que cuenta con una mayoría absoluta es un gobierno al que nadie consideraría en situación de tener que dimitir. Esa dimisión sólo podría ser, así, la consecuencia del reconocimiento de un gravísimo error en la fijación de su política que, aceptado, se solventa llamando al cuerpo electoral. Esas son las reglas del parlamentarismo. Una pregunta queda, claro, sin respuesta: ¿es posible gobernar en contra de la opinión de los ciudadanos gobernados? Depende del tiempo que dure ese divorcio: es posible hacerlo durante ocho o diez semanas, pero no durante diez o doce meses. Por eso, si la guerra se produce y no es muy corta, las elecciones de mayo serán, de hecho, un referéndum sobre el grado de apoyo electoral al Partido Popular. Así (se diga o no se diga) están las cosas.