EL PARTIDO Popular, con Aznar al frente, ha decidido poner en marcha una peligrosa estrategia política, que no sólo deteriora gravemente el sistema democrático, sino que remueve los cimientos del pacto constitucional amenazando la continuidad del consenso y del bloque político que dio vida a nuestra Constitución. Seguramente muchos de ustedes consideran que mi anterior afirmación es una exageración producto de un supuesto apriorismo político. A quienes así piensan me permito el atrevimiento de sugerirles que se formulen las siguientes preguntas: ¿En qué país de la Unión Europea el Parlamento ha sido reducido, como en España, a un mero ente ornamental al que no se le permite intervenir en los asuntos que resultan transcendentes para la nación? ¿En qué país democrático el fiscal general del Estado se puede convertir impunemente en un funcionario, cuya principal preocupación consiste en frenar las querellas presentadas contra miembros del Gobierno (caso Piqué), y perseguir, por indicación del ejecutivo, a los discrepantes políticos (Nunca Máis)? ¿En qué democracia seria el presidente del Tribunal Constitucional, al que corresponde interpretar la Constitución con exquisita neutralidad, se dedica a intervenir abiertamente en el debate político e incluso se permite la licencia de sugerir reformas en nuestra Ley de Leyes? Cuando el presidente del Gobierno intenta sumar al control del poder ejecutivo, que ostenta legitimamente, el del legislativo, judicial, económico, mediático y autonómico, ¿no se está distanciando del proyecto constitucional, que los constituyentes diseñaron, precisamente, para que los centros de poder político y social estuviesen repartidos y equilibrados, estableciendo entre ellos los correspondientes y recíprocos controles?. Cuando Aznar se autoproclama como único garante de la Constitución y de la unidad de España, ¿no se sitúa en una posición excluyente y, por tanto, muy alejada del espíritu integrador con el que fue concebida nuestra Carta Magna? Cuando el presidente del Gobierno nos propone una rancia idea de España basada en un nuevo centralismo patrio, ¿no está debilitando el proyecto común de España? Creo sinceramente -quizá inmodestamente- que las respuestas a estos interrogantes, si no están condicionadas por el prejuicio, coincidirán básicamente con la conclusión que iniciaba este artículo. Es una cuestión de salud y moral cívicas evitar que tal proyecto llegue a consolidarse, recurriendo, para ello, a todas las vías que la Constitución y la democracia ponen a nuestra disposición. La peligrosa aventura política emprendida por este Gobierno necesita, también, su basta ya .