EL VATICANO acaba de censurar en un duro documento la conducta de los católicos en la vida política, poco comprometidos y acobardados ante el enemigo, para que den la cara. Meses atrás le había tocado cartilla al poder judicial. La Iglesia está pasando el síndrome de abstinencia del poder político, y pierde clientes en un mercado hostil a los productos del espíritu. Ya que no están los tiempos para intentar recuperar la influencia directa sobre aquél, los jerarcas se han figurado que su papel ahora es el de controladores de la calidad moral de las democracias representativas. Tiene su gracia que una sociedad de estructura y modos nada democráticos intente dar a otras lecciones que ella no admitiría de nadie. Para apoyar esta pretensión más católica que cristiana, aducen una ley moral natural que ninguna autoridad humana podría desatender y que sólo ellos saben aclarar. Grave error de juicio, porque las instituciones democráticas no valen para decidir cuestiones ultramundanas que no admiten discusión basada en razones. Y aún desaciertan más al sostener que, para funcionar bien, tienen que inspirarse en algún principio inmutable: la democracia es el territorio de la relativización total. La vivencia de la fe no es un asunto privado, que tiene una dimensión pública, pero tampoco estatal. En sociedades plurales, los católicos ilustrados pueden y deben ofrecer sus ideas para afinar la ética civil, pero sin caer en la tentación totalitaria de recurrir a las leyes para proponer sus creencias. Religión y política son dos esferas separables. Pase que un predicador recomiende a sus fieles la abstinencia sexual como profilaxis contra el sida, pero un ministro de sanidad católico está obligado a recordarle a la ciudadanía los peligros de montar a pelo.