ES LA DE LOS inconstitucionalizadores una raza peculiar, dentro de la clase política española, que se define por una tendencia irrefrenable: la de intentar convertir en conflictos de constitucionalidad sus discrepancias políticas con quienes controlan la mayoría de las Cortes. Anguita fue antaño su indiscutible campeón (tal era su perra con considerar inconstitucional todo lo que rechazaba) como hoy lo son su heredero Llamazares o el inefable Anasagasti, que ve siempre la paja de la inconstitucionalidad en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Y es la cosa que esta manía de meter la Constitución en todos los pucheros, además de originar problemas incontables, resulta prueba irrefutable de un entendimiento poco democrático de lo que aquélla significa. ¿Por qué? Pues porque los inconstitucionalizadores ven la Constitución como uno más de los programas que concurren al debate democrático, lo que es una locura. El debate democrático consiste en que los partidos confronten sus programas en la conciencia compartida de que, tras los cambios que del debate pudieran derivarse, al final acabará por imponerse la posición mayoritaria. Con un límite: que esa posición no viole la Constitución, que funciona como una barrera extrema al amplísimo margen decisorio de las Cortes y no como otro programa que compite en pie de igualdad con los demás. De todo ello es buena prueba el actual debate sobre la reforma del Código Penal. Como siempre que se trata de dificultar legalmente la acción de ETA, IU y el PNV se han adelantado a decir que las medidas propuestas por el Gobierno (en casi plena coincidencia con el PSOE) son inconstitucionales. ¿Lo son? Lo serían sólo si las penas de cárcel impidiesen la posibilidad de reinserción de los penados, que es la barrera contenida en nuestra ley fundamental. No parece, sin embargo, que las medidas proyectadas impidan tal posibilidad de reinserción. Es, claro, discutible si la misma debe depender de un arrepentimiento activo que lleve al penado a colaborar en la lucha contra ETA o si, como plantea el PSOE, debe llegar con una clara manifestación de rechazo a ETA y a sus métodos. Pero ese es un debate político, de oportunidad, y no jurídico, de constitucionalidad. Sólo quienes por estar en minoría no pueden imponer su posición sienten una y otra vez la tentación de convertir lo político en jurídico, con la esperanza de que la razón que no han obtenido en elecciones se la dé un tribunal, el Constitucional, que carece de la legitimación democrática del poder legislativo. ¿Y son esos los demócratas que acusan al PSOE y al PP de no respetar la democracia?