EN UNA democracia moderna no pasa un solo día sin que los medios de comunicación publiquen comentarios y reflexiones acerca de los errores e insuficiencias del gobierno de turno. No se trata de una irrefrenable tendencia a la introspección, sino de un sano ejercicio de autocrítica, tendente a mejorar las condiciones sociales generales, mucho más eficaz que la fácil suposición gubernamental de que todo está bien. En España, aunque en menor medida que en otras democracias, también existe esa costumbre. Pero en los últimos meses, sobre todo después de la catástrofe del Prestige, la tensión crítica se ha ido transformado en una abierta demanda de cambio, cada vez más visible. Ese profundo deseo de superación de la actual situación, y la conciencia cívica que lo impulsa, no tiene su origen en ningún apriorismo político o ideológico, por otra parte legítimo, sino en la convicción generalizada de que el Gobierno ha perdido el rumbo y está a punto de perder, si no lo ha hecho ya, la decencia. Que un Gobierno, obsesionado por minimizar la tragedia originada por el Prestige , mienta sistemáticamente y haya dedicado más esfuerzos y medios a proteger su imagen que a combatir las consecuencias de la catástrofe, es un hecho extraordinariamente grave. Que el partido que sostiene a ese gobierno se reúna por primera vez, al máximo nivel, transcurridos 40 días desde el inicio de la crisis, y que la única conclusión conocida del cónclave consista en la puesta en marcha de una campaña contra la oposición, es pura y simplemente una indecencia. Que el Gobierno, que abandonó a su suerte a marineros y voluntarios en su lucha contra el fuel, se dedique ahora a descalificar a la oposición, por presentar una moción de censura, es una intolerable desvergüenza. Un Gobierno que, ignorando los pactos suscritos, promueva una iniciativa que pone en entredicho los límites constitucionales del Derecho Penal, y utiliza la lucha antiterrorista con el único fin de distraer sus responsabilidades en el caso Prestige , comete una manifiesta irresponsabilidad. Que un Gobierno y el partido que lo sustenta, promotores de la ilegalización de Batasuna, no tengan escrúpulos en utilizar los votos de ese partido para intentar bloquear el funcionamiento de un gobierno democrático, constituye una inmoralidad inadmisible. Son sólo algunos ejemplos, pero ilustran con meridiana claridad que el Gobierno está dispuesto a todo -incluidos el juego sucio y el deterioro del sistema democrático- para evitar su derrota política. Así las cosas, un sector cada vez más relevante de la sociedad, considera que el Partido Popular no puede salir indemne de semejante peripecia. De lo contrario, los anticuerpos democráticos se debilitarían alarmantemente y los gobiernos, éste y los siguientes, gozarían de una indeseable y peligrosa impunidad. La perentoria necesidad de recuperar la decencia y la moralidad públicas, así como la más elemental higiene política aconsejan que la Democracia dicte una ejemplar e inapelable sentencia sobre el inaudito comportamiento de este Gobierno.