LA NEGRA Y DELETÉREA borrasca del Prestige trae a la actualidad un viento que cuestiona el sagrado principio de la libertad de los mares. La decisión hispano-francesa de alejar hasta las 200 millas de la costa los tráficos marítimos conflictivos, por razón de las materias que se transportan o por causa de las condiciones de los buques que las llevan, es decisión de gran calado, de engranado ajuste con las prácticas de tutela de los recursos naturales propios y con la normativa de la ONU. Esta normativa incluye lo que España y Francia han acordado para evitar la cadena de catástrofes ecológicas a la que pertenece la del Prestige , y a la que se podían haber incorporado otras. Subsisten los riesgos que genera una actividad mercantil en la que se enlazan anomalías fiscales, como la de Gibraltar, y cráteres de purulencia político-económica, como las de la Rusia post-soviética, a través de puertos del Báltico, satelizados funcionalmente por la sombra de las mafias rusas y la explotación de espacios de alegalidad y prácticas de tolerancia. Tampoco se deben olvidar omisiones del rigor debido en ciertas entidades que certifican la viabilidad mercante de los buques de la misma manera que, en los EE.?UU., cierta firma auditaba las cuentas de un gigante de la energía eléctrica. El concurso y crítica acumulación de tales circunstancias hacen de la determinación hispano-francesa algo estrictamente necesario. No hay libertad que valga, ni en los mares ni en cualquier otro ámbito, si ha de prevalecer con daño de nadie; por eso no hay libertad sin norma o sin reglamento que la regule y controle. En cualquier caso, se trata de un problema en muchos frentes: diplomático, jurídico y, hasta donde haga falta, militar. Háganse a la mar nuestros navíos contra viento y marea, para abortar bien lejos de la costa otras borrascas como la del Prestige .