PRIMERO se equivocaron las autoridades, que, una vez descartada la autoría de ETA o el GRAPO, se apresuraron a proclamar que los crímenes de Vigo y Redondela no respondían a un acto terrorista. No se dieron cuenta de que detrás de esa afirmación se abriga una intolerable distinción entre unos muertos y otros, ni de que, al restringir tanto la calificación de terrorismo, se está favoreciendo a los que quieren politizarlo. Un terrorista es aquél que busca el control de los hechos sociales mediante la violencia y al margen de los cauces de acción y decisión del sistema político. Y eso señala con la misma exactitud a las bandas que matan por objetivos políticos y a las mafias que matan para torcer las voluntades de los financieros, fedatarios, abogados y ciudadanos en general. Por eso hay que decir que, mientras no se demuestre que el criminal es un loco, estamos ante la posibilidad de un atentado terrorista. En el paso siguiente nos equivocamos todos, dejando que el crimen ganase gravedad y rechazo a medida que se alejaba del perfil típico de un ajuste de cuentas. Porque un crimen entre mafiosos es tan aberrante y grave como aquél que tiene víctimas inocentes, y porque, más allá del castigo al que se hacen acreedores los asesinos, también está el sentido social de la justicia, que debe ver con especial preocupación todos los casos en los que se trata de imponer una ley no escrita -la famosa omertá - que maneja la sociedad al margen de la legítima fuerza del Estado. Y por último se equivocaron también -como casi siempre- muchos medios informativos que, aprovechando la pura geografía del crimen, tendieron a contextualizar los hechos en el país del contrabando, filmando las casas con los mismos prejuicios con que documentan el patrimonio de Oubiña, y dando a entender que en Galicia no caben más que dos móviles criminales: el que nace de la miseria, en las sociedades profundas, y el que surge de las actividades ilegales, que parece atribuible a cualquier víctima que tenga una finca con portal automático o una casa sin cuadras de vacas marelas ni ladrillos a la vista. El problema de fondo es que todavía no sabemos lo que es el orden público democrático, ni cómo afectan a la sociedad estos sucesos. Y por eso somos incapaces de evitar que, sobre el dolor de las víctimas y la preocupación de los ciudadanos, se haya extendido una mancha que tizna a la sociedad en su conjunto. Al tiempo de escribir estas líneas, aún desconozco los móviles del crimen. Pero ya sé lo suficiente para decir que los conceptos de atentado y terrorismo con los que actúa el Ministerio del Interior tienen que ser revisados. Y que, cuanto antes lo hagan, mejor será para todos.