EL PROBLEMA no es el IAE; el problema es cómo se garantiza lo que la Constitución dice en referencia a las corporaciones locales en su artículo 142 cuando afirma que «deberán tener suficiencia financiera para el ejercicio de su función». Por cierto, son instituciones que tienen el mismo rango constitucional que las comunidades autónomas y que el Gobierno central. Y otra cuestión es la corresponsabilidad fiscal; desde que volvió la democracia a España sólo dos instituciones han sido corresponsables fiscalmente con plenitud: el Gobierno central y los ayuntamientos. Pues bien, la nueva Ley de Financiación Local incide en nuestra corresponsabilidad, trasladando impuestos a compensaciones presupuestarias. Quedamos a merced de las decisiones que tome otra administración en el futuro. El problema, insisto, no es el IAE. Si se quisiese suprimir este impuesto, lo más sensato sería considerarlo como un abono a cuenta, deducible del impuesto de sociedades o del IRPF. Pero como esta deducción afectaría a los ingresos del Gobierno central, no se hace. Por eso afirmamos que con esta ley el Gobierno legisla a cuenta de otras administraciones. Y lo hace con deslealtad institucional. A modo de ejemplo cabe destacar que la Comisión de Hacienda de la FEMP tuvo conocimiento de la Ley de Financiación una semana después de ser aprobada en el Consejo de Ministros. ¿Es esto consenso o es prepotencia? ¿Entra dentro de la equidad fiscal suprimirle carga fiscal a un sector de la población y legislar que esa carga se traslade a otros sin carácter redistributivo, proporcional y progresivo? Porque esto es lo que propone el Gobierno cuando afirma que el IBI (que pagamos todos) puede soportar mayor presión y anuncia exenciones del mismo sin tener en cuenta niveles de ingresos o patrimonio. En realidad, todos pagaremos más, obligando a los ayuntamientos a subir los impuestos; eso sí, el Gobierno seguirá insistiendo en que baja los impuestos, pero de eso nada de nada. Si el IAE está mal diseñado, y no fomenta la creación de empleo, habría que quitarlo para todos. Con esta ley, el Gobierno sigue manteniendo el IAE (es decir, no baja los impuestos). Los que nos oponemos a esta ley no queremos que nuestros vecinos y vecinas paguen más. Lo que queremos es que se contribuya con lo justo y por tanto que la ley nos dé soluciones para el futuro; me pregunto cómo debemos afrontar esos gastos que las administraciones locales asumimos diariamente por carencias en la prestación de servicios de otras administraciones (servicios sociales, educación seguridad, inmigración, cultura, etcétera). Para que nuestros conciudadanos pagaran menos y bajasen los impuestos necesarios para que las ciudades funcionaran, esta ley debería legislar sobre ello.