ITALIA, Portugal y EE.UU. se disponen a revolucionar sus sistemas audiovisuales. El país trasalpino ha dado los primeros pasos para privatizar la televisión pública, un paquidermo con tres cadenas que se han repartido tradicionalmente los ahora travestidos partidos de la democracia cristiana, socialista y comunista, cada uno con una señal manipula a su antojo y pagada con dineros públicos a través del canon. Este modelo, descafeinado ya por la coalición de gobierno que lidera Berlusconi, dará paso a otro en el que el Ministerio del Tesoro asumirá el control del nuevo holding, que no más tarde del 31 de enero del 2004 gestionará una oferta pública de venta de acciones para el 1% del accionariado, y posteriormente el Consejo de Administración podrá ceder al mercado algunas ramas de la empresa. Portugal prevé un recorte masivo de personal en lo que queda de año (de 2.300 a 1.000) y fijará el presupuesto en 35 millones de euros anuales, desde los 72,3 actuales, aportados en su totalidad a través de los Presupuestos del Estado. Estados Unidos, mediante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), se ha lanzado a marchas forzadas a realizar grandes cambios en el entramado de regulaciones contra los conglomerados multimedia que están ahora en vigor. La FCC se dispone a inyectar una buena dosis de libre mercado en una industria que, como en Europa y España, no atraviesa por sus mejores momentos. Y entre las medidas previstas está modificar los límites que impiden que un mismo propietario controle dos cadenas generalistas o que se tenga la propiedad simultánea, dentro de un mismo mercado, de un sistema de cable y otro en abierto hertziano. La Comisión Europea está revisando la directiva Televisión Sin Fronteras para adaptarla a la nueva sociedad de la información, suprimiendo, entre otros corsés, el que impide que una televisión privada pueda emitir toda la publicidad que quiera, como lo hace la radio y la prensa. Esperemos que el Gobierno español aplique también el sentido común y actúe en consecuencia, ahora que se dispone a tratar los problemas del sector en la próxima Ley General del Audiovisual.