EL AÑO próximo cumpliremos veinticinco de vigencia de la Constitución de 1978. Un éxito indudable de todos los españoles, de nuestras organizaciones políticas y sociales, de nuestros gobiernos y del Rey, que ejerce con cautela e inteligencia su difícil tarea constitucional. Pero no hemos sido capaces de despejar definitivamente las incógnitas en torno a la relación entre Euskadi y el Estado, a la forma de estar presentes en una realidad política compleja como es España. Y los violentos, los que son capaces de disparar en la nuca de un ciudadano en nombre de sus ideas, han estado presentes logrando durante estos años un apoyo social y político nada desdeñable. La democracia española actuó con altura de miras, puso el reloj a cero, y Adolfo Suárez decretó una amnistía general y alentó la elaboración del Estatuto de Guernica. Elaboramos una buena y eficaz Constitución y España abandonaba los tonos negros tan presentes en la pintura de Goya. Pero ETA siguió asesinando hasta hoy. Aunque se impulsó la persecución policial y se intentó la negociación con la organización etarra por parte de todos los gobiernos democráticos, reconozcamos que hemos avanzado poco. Es lógico que se manifieste el agotamiento de las sociedades vasca y española que sufren la dureza de los asesinos incrementada por la sensación de bloqueo político, de desesperanza ante un problema aparentemente irresoluble. En estas condiciones puede aparecer la tentación de adoptar vías que no se habían explorado hasta ahora. Y aquí aparece la ilegalización de Batasuna como una solución mágica. Es comprensible que muchos ciudadanos estimen que viajamos en la dirección adecuada ante el hastío y la indignación que producen atentados como el de Santa Pola. Y la posición de los que no creemos que estamos acertando no es fácil, porque tampoco podemos defender una vía alternativa que garantice el final de la violencia. Porque el nudo de la cuestión consiste en comprender que si ETA permanece y se reorganiza, una y otra vez, es porque tiene raíces sociales, políticas y culturales en la sociedad vasca. Lamentablemente no es un simple grupo de pistoleros. Y nos resulta difícil comprenderlo. Pero los responsables políticos tienen la obligación de diagnosticar adecuadamente la patología política y moral, administrar un tratamiento adecuado, no perder los nervios, perseguir a los culpables y explicarle a los españoles que necesitamos tiempo para aislar y terminar con las raíces del problema. Por ello son imprescindibles políticas permanentes de consenso entre todas las fuerzas parlamentarias para que dichas políticas no dependan de las alternancias en el Gobierno del Estado. Ese fue el objetivo del Pacto de Ajuria Enea con la presencia de los nacionalistas vascos. No hay soluciones instantáneas. Necesitamos esfuerzo, inteligencia y decirle la verdad a los españoles.