COMENZAREMOS el curso 2002-2003 con nuevo marco legislativo. Las nuevas normas suponen que los profesores estarán obligados a trabajar más y mejor y eso redundará en una superior calidad de los estudiantes. Lo dudo. En el mundo de la enseñanza todos tienen claras las reglas de juego. En las preuniversitarias, la clave es sacar la oposición, lo demás es administrar la posición con oficio y experiencia. En la Universidad, lo decisivo es encuadrarse en una buena escudería que arrope el paso de las sucesivas barreras a las entradas jerárquicas. En ambos casos se trata de una cuestión entre profesores. Sea a un nivel de centro, local, autonómico o estatal, el porvenir del docente lo deciden los colegas. Nunca los destinatarios de su producto, de su trabajo o quehacer. Los estudiantes no pinchan ni cortan en las carreras y retribuciones de sus profesores, ellos son simples destinatarios pasivos. Nuestro modelo sigue siendo una variante corporativa del viejo despotismo ilustrado. Y como toda organización apuntalada sobre el funcionariado como estatus, muy disfuncional, para el receptor final de la ciencia, la cultura y la educación para la vida. Constituye su error permanente, el desajuste que no cesa, la causa de contínuos cambios formales en la legislación. Ni la izquierda, ni la derecha, ni los nacionalistas de una u otra tendencia, se han atrevido a ensayar un nuevo modelo. Todos son intervencionistas, defensores de la enseñanza pública o la privada concertada -que es equivalente-, y no difieren más que en cuestiones de matiz. Pero nadie se arriesga a dar capacidad de decisión efectiva a estudiantes y padres, a quienes verdaderamente financian, directamente vía tasas o indirectamente con impuestos generales, la mayor parte de la enseñanza española. Habría que comenzar a dar las subvenciones públicas a los estudiantes y no a los centros. La forma que ya se utiliza en otros países es la del bono escolar a cada estudiante, por un importe equivalente a la subvención por alumno que antes se asignaba al centro. Introducir el bono educativo en todos los niveles de la enseñanza supone vincular las retribuciones de profesores y los recursos de los centros en función de su capacidad para atraer estudiantes. Así deberían competir por los alumnos con creatividad, innovación y el valor de los títulos. La gente sabe elegir entre opciones complejas. Lo hace a diario en materias difíciles como la informática, la automoción, los libros , las opciones políticas y sindicales, y en general en todos los campos. Sabe hacerlo también en la enseñanza, lo que ocurre es que nunca se le presenta una oferta diversificada y de calidad como en otras facetas de la vida. Para ello no queda más opción que introducir esquemas de mercado social en la educación, para que progrese como lo hacen en resto de sectores de la sociedad que operan en régimen de competencia real. Como en los demás órdenes de la sociedad, al sector público le incumbe, además de administrar los bonos, la tarea de garantizar el cumplimiento de los contratos y el evitar los fraudes. Pero no debería monopolizar la agenda de contenidos, la carrera de los decentes, los currículos de los alumnos y la asignación de plazas por titulaciones. Los ministros, conselleiros, concejales y demás cargos públicos no lo saben todo, ni saben mucho más de cada persona, de sus necesidades y capacidades, que lo que sabe ella misma y su menú de profesores libremente elegidos para que le ayuden en su individualizado esfuerzo educativo. Pero pocos con poder están por la labor. Seguiremos al compás de los boletines oficiales.