AUNQUE LA ignorancia me hacía creer que los incendios eran cosa de pirómanos, imprudentes, ganaderos extensivos y cosas así, el alcalde de Santiago y el conselleiro de Medio Ambiente acaban de descubrirme que la quema de los alrededores de Santiago responde a intereses urbanísticos, y que, para transformar los robles en chalets adosados, se ceban con los espacios protegidos. Yo no lo dije, porque no tengo pruebas, ni me creo que la gente sea estúpida, ni me gusta dividir el mundo en buenos y malos. Pero ellos sí que lo dijeron. Y por eso exijo que, en nombre de la democracia, actúen con celeridad en los siguientes puntos. Primero: si es cierto que estamos ante una conspiración urbanística, que siembra el miedo y el desorden para obtener beneficios, con riesgo de vidas y haciendas, hay que calificar los hechos de puro terrorismo y pasarle el asunto al heroico Garzón. Segundo: si, como hizo Bugallo, se deletrean los fuegos con fruición de detective (Bertamiráns, Brión, Teo, A Mahía...), todos nos olemos quiénes son los responsables. Y por eso hay que dejarse de coñas, transformar los indicios en pruebas, e ilegalizar y suspender las actividades de las empresas implicadas, de sus encubridores y de sus cómplices, de los que le facilitan financiación y cobertura y de los curas que bendicen los chalets construidos. Tercero: hay que decirle a los tibios que en esto no hay distingos ni término medio, y que el que no está con Bugallo y Del Álamo es un incendiario. ¡Ni matices, ni garantías, ni leches en vinagre! Cuarto: aunque es posible que el monte siga ardiendo, y que el problema se agrave, la dignidad democrática nos obliga a proceder contra estas empresas que los políticos acaban de insinuar. Así que primero ilegalizamos y suspendemos, y después ya veremos si hacemos un juicio o si ya no hace falta. Quinto: ante la posibilidad de que la suspensión cautelar de actividades provoque pérdidas millonarias, no debe permitirse que los particulares afectados convoquen manifestaciones en favor de las empresas que delinquen. Porque sería fraude de ley. Sexto: la Xunta, el Parlamento y la Fiscalía saben que hay miles de pruebas contundentes. Pero, si fuese necesario amañar un atajo legal, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo, pero sin complejos. Séptimo: si piensa que todo esto es una chorrada sin precedentes, es que no lee los periódicos, ni escucha las tertulias, ni sabe nada de jurisprudencia. Usted, amigo lector, sabrá lo que hace. Pero yo, que soy patriota y gallego, ya he tomado partido contra los terroristas pirómanos y a favor de la dignidad democrática. Y... ¡ei carballeira! Nunca mejor dicho.