CUANDO la maquinaria del Estado se pone a funcionar, resulta demoledora. Y la maquinaria judicial funcionó. Fiscalía y Gobierno han presentado sus demandas para ilegalizar Batasuna. Entre ambos aportado más de un millar de pruebas. Han redactado más de diez mil folios, que harán lento el trabajo judicial. Han enviado al Supremo una auténtica apisonadora, con cajas de documentos que, por su volumen, parecían los Presupuestos Generales del Estado. El lector seguramente se preguntará algo elemental: ¿es que dos meses de vigencia de la Ley de Partidos han dado tanto de sí como para acumular tal cantidad de razones contra Batasuna? ¿Es que Batasuna ha dado veinte razones diarias para aplicarle esa ley? No parece probable. Lo que hace el gobierno es buscar motivos desde la fundación de ese partido. Y entonces, el paciente lector seguirá preguntando: ¿no habíamos quedado en que no pueden existir efectos retroactivos en la aplicación de ninguna norma? Sí, señor; en eso habíamos quedado; pero el Gobierno echa mano de la historia para convencer a los jueces de que Batasuna sigue siendo lo que siempre ha sido: «la proyección del terrorismo en la política». Este razonamiento lleno de lógica suscita, sin embargo, otra inquietud: si esas pruebas de conexión existían antes, ¿por qué no se utilizó la vía penal? ¿Por qué se permitió a Batasuna estar en la legalidad durante tanto tiempo? ¿Por qué hubo que hacer esa distorsión de aprobar una nueva ley? Es extraño que una trayectoria haya sido insuficiente para aplicar el Código Penal a un partido y ahora sea, en cambio, la base documental para echarlo de la legalidad. Alguien debería explicarlo, y supongo que lo harán los abogados del Estado. Ese Estado no se puede permitir el lujo de fracasar. Y ojo, que con esas pruebas históricas los jueces no supieron o no quisieron apreciar en varias ocasiones que ETA y Batasuna son la misma cosa.