CINCO RIESGOS amenazan el éxito del proceso para ilegalizar Batasuna. 1), que se trate de una decisión precipitada, fruto de la indignación producida por un atentado. 2), la inquietante duda del consejero vasco de Justicia: el silencio no es una condena del terrorismo, pero tampoco es un delito. 3), la contradicción entre sentimientos humanos y las pruebas que necesita un juez. Para el ciudadano, no condenar un atentado es un apoyo tácito al terror, pero esa creencia no siempre ha sido asumida por los jueces. 4), el ámbito de responsabilidades. Cuando Otegi culpa a Aznar del atentado del domingo, ¿es perseguible a título personal, o se debe repercutir su acción en toda su formación política? Y 5), hay que prever que Batasuna alegará ante el Constitucional que fue condenada por un delito de opinión. Mayores cinismos hemos contemplado ante los Tribunales. La expresión de estas dudas es un pequeño indicio de las dificultades que encontrará la iniciativa del Gobierno. Frente a ellas, no valen de nada los antecedentes (porque no se puede aplicar la ley con carácter retroactivo) ni la certeza moral de que Batasuna es ETA. Pero Aznar no detendrá la maquinaria que puso en marcha. Quiere a esa «basura» fuera de la ley cuanto antes. Por higiene y por algo menos confesable: porque se acercan las urnas municipales. Sabe que cuenta, además, con el aplauso de la mayoría de la sociedad, horrorizada y asqueada por el último crimen. La Ley de Partidos se hizo para eso. «No aplicarla sería un fraude», ha dicho Garzón. Y eso piensa la mayoría de la población. Ahora sólo queda esperar la evolución de los hechos y las consecuencias, porque el PNV (que algo conoce el País Vasco) es muy pesimista. Ante este complejo cuadro, sólo es posible un comentario: sólo el tiempo dirá si Aznar se comportó como un político movido por impulsos o como un hombre de Estado que hizo lo que tenía que hacer.