UN SECTOR, que hay que considerar importante, de la sociedad española, incluidos medios informativos y el propio presidente del Tribunal Constitucional, se muestra partidario de que se conceda el indulto al ex general Galindo, por su implicación en el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. De ahí que la desestimación de los recursos de amparo los haya soliviantado y colocado nuevamente en una posición activa. Nada menos que tres altos tribunales de nuestro país, Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional, han ratificado las condenas de los implicados en el turbio asunto de la guerra sucia . Los tres máximos órganos de nuestra judicatura han refrendado la obligatoriedad de que el ex jefe de Intxaurrondo y sus cómplices permanezcan en prisión. Por eso cualquier movimiento a favor del indulto hay que considerarlo, cuando menos, temerario. Resulta difícil de digerir, y sobre todo de explicar, que Galindo permanezca en prisión por «delitos de sangre de extrema gravedad», mientras Josu Ternera, no menos responsable de atrocidades similares, ocupe cargos en una institución democrática. Pero ello no es argumento para poner en la calle a quienes la sociedad española entregó la responsabilidad de velar por sus intereses democráticos, de acuerdo a las normas de convivencia, también democráticas. Se les invistió de autoridad para defender la legalidad. Y se convirtieron en transgresores. Galindo es culpable. Como Josu Ternera. Como Txapote y Kantauri. Como los miles de reclusos que llenan nuestras cárceles por delitos de sangre. Tratar de hacer de su actuación una heroicidad es uno de los errores y absurdos mayores en los que se puede incurrir. Por eso debe cumplir la condena. Para que podamos seguir creyendo en la verdad, en la justicia y en la democracia.