ESTE VERANO es fértil en noticias diversas que tienen, además, hondo calado. Tres de ellas configuran el presente artículo. La primera hace referencia a las medidas que elaboran los gobiernos ante las quiebras y fraudes contables que protagonizan ciertas empresas multinacionales en Estados Unidos y otros países desarrollados. La segunda noticia son los resultados que ofrece el informe anual de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano. Finalmente, estaría la propuesta que acaba de realizar la Comisión Europea para armonizar los impuestos que gravan los carburantes. La implicación de Bush y Cheney en negocios dudosos es lamentable, pero la respuesta de las empresas ante sanciones destinadas a garantizar la fiabilidad contable no se hizo esperar. Que las administraciones públicas se apliquen el cuento a sí mismas, añaden no sin razón. La ingeniería financiera utilizada por los gobiernos para ocultar déficits públicos resultó también excesiva, generando costes diversos que todavía no afloraron del todo. Pero la turbulencia golpea igualmente a los órganos de control externo del sector público. El silencio reiterado de sus informes ante estos excesos contables en nada favorece a su prestigio y profesionalidad. Los datos que ofrece el reciente informe de Naciones Unidas producen escalofríos. Son cifras que nos agitan todos los años para alertarnos que nuestra convivencia se organiza en un mundo cada vez más pequeño, escandalosamente desigual en términos de poder y riqueza y marcado además por angustiosos déficit democráticos. Así, el 1% de la población mundial posee igual riqueza que el 57% restante. Miles de niños mueren diariamente de hambre y enfermedad. Los organismos internacionales funcionan con la aplastante lógica del statu quo. Cuatro millones de españoles están ya en el infierno de la pobreza con rentas que no superan la mitad del salario medio. Es el triunfo abrumador de una cruzada mercantil que selecciona, doblega, ignora y confunde no sabemos hasta cuando. Y por último estaría la descarada propuesta de la CE destinada a armonizar los tributos sobre carburantes. En este caso, la crítica a la medida no proviene de sus previsibles efectos económicos (el precio del gasóleo aumentaría el 35%) sino de ignorar otra vez cuestiones esenciales que afectan a la justicia distributiva. Nos referimos a la imprescindible y nunca realizada armonización fiscal de las rentas y ganancias de capital. Sin resolver este problema no se construye Europa. Los amantes de la desigualdad puede abofetear siempre a los mismos, aunque nos preocupa más que sean también conscientes de los riegos que supone mantener tan difíciles equilibrios.