El Protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico de personas lo define como «la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a amenazas o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, así como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos». Queda suficientemente explícito que la explotación sexual propia de la relación de los proxenetas con las mujeres prostituídas es un caso claro de tráfico de personas, o, lo que es lo mismo, de comercio de seres humanos. Alecrín Por eso procede felicitar a la asociación Alecrín por la presentación de una denuncia ante el Fiscal General del Estado para que actúe contra la llamada Asociación Nacional de Locales de Alterne (Anela) y contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por su participación en un acto público promovido por estos empresarios de la industria del sexo el pasado 28 de junio en O Barco de Valdeorras. Porque no tiene disculpa posible que representantes democráticamente elegidos o miembros de las fuerzas de seguridad públicas, alternen -o dejen que se les relacione- con el alterne. Porque es inaceptable que se dejen galardonar por quienes practican una de las peores formas de corrupción de la dignidad de los seres humanos. Y porque es ultrajante que ese galardón lo reciban «por su colaboración» con los locales donde ocurre lo que Naciones Unidas considera un atentado contra los derechos humanos.