Prescribir Celebrex y Vioxx desde el pasado día uno no es una decisión automática: el médico debe justificar su elección y la Inspección dar el visto bueno. La medida supone la confirmación de los visados para fármacos como medida de control del gasto. Quizá sea el precio de la fama, pero estos dos antiinflamatorios utilizados en la lucha contra el dolor artítrico y artrósico, después de una entrada arrolladora en el mercado, se han tropezado con las restricciones presupuestarias en Sanidad. Que hay que usar los recursos de manera racional y equitativa, no se discute. Que la disponibilidad suele llevar al criterio de «por qué no usar este procedimiento, si en realidad lo tenemos», conduciendo a veces al sobretratamiento o a la utilización del tratamiento más caro, tampoco se pone en duda. Y que las compañías farmacéuticas incentivan de manera harto descarada la utilización de sus productos es una verdad a todas luces cierta. También es cierto que la gestión de los recursos no es sólo responsabilidad de los políticos o de los gestores sanitarios: corresponde también a los clínicos -que son los que prescriben- y al ciudadano-paciente. En el fondo es una apelación a la corresponsabilidad. Sí es criticable el mecanismo puesto en marcha. Si la Administración quiere supervisar el uso de estos fármacos, que reúna a los médicos y les explique los motivos por los que hay que hacerlo y la manera de llevarlo a cabo. Y si considera que el precio que se cobra por estos medicamentos es desproporcionado, que intervenga los precios directamente. Pero no es justo que sea el paciente que usa estos fármacos -normalmente de edad avanzada y con serias limitaciones para andar- el que pague los platos rotos. Martes: el médico de cabecera receta Vioxx sin saber nada del visado; el miércoles se va a la farmacia y allí informan de la situación, por lo que vuelta al médico de cabecera; al día siguiente por la mañana, a la Inspección, que niega el visado «porque falta la pauta», y entonces a la tarde, nuevamente al médico de cabecera, que además ese día va con retraso en la consulta; nuevamente a la Inspección que, por fin, concede el visado, pero advirtiendo de que habrá que llevar en las próximas visitas nuevos informes médicos... ¿Es ésta realmente una política sanitaria al servicio del ciudadano? ¿Sirve para algo más que añadir burocracia en el funcionamiento del sistema?