Como las películas de terror, o de aventuras, también el Pacto de Lizarra acaba de estrenar segunda parte. En la primera, ETA y PNV acordaban comenzar a construir un País Vasco independiente, y asumían su cuota de responsabilidad en el negocio: ETA aceptaba mantener la tregua por un tiempo y el PNV romper toda relación con el PP y el PSE, es decir, con la mitad del pueblo vasco. Pero la cosa se fue al tacho porque, como desde el principio sostuvo el Ministro de Interior, la tregua demostró ser una trampa en toda regla. Pese a ello, el nacionalismo ha vuelto a cerrar un acuerdo parecido: Lizarra II. Pues eso es el dictamen soberanista que con los votos a favor del PNV, EU e IU-EB, y la abstención de Batasuna, aprobó el viernes el Parlamento de Vitoria. Los pactantes son los mismos: ETA-Batasuna de una parte; y los nacionalistas, con su marioneta Madrazo, de la otra. El mismo es, también, el contenido: afirmar el derecho de autodeterminación de Euskalherría (Euskadi, Navarra y el País Vasco francés) y la necesidad de construir un nuevo marco (la independencia) visto el agotamiento del marco jurídico vigente. ¿Cuáles son, así, la diferencias entre las dos entregas de esta película de terror protagonizada por unos aventureros? La primera es la coartada. La de Lizarra I fue la tregua: si caminamos hacia la independencia, aseguraba el PNV, el terror no volverá. Pero volvió -¡vaya si volvió!- y el PNV, que no lo sufre, no quiso verlo durante los meses que mantuvo vivo, entre cadáveres, su pacto con una banda de asesinos. La coartada ahora son esas 37 supuestas competencias que el gobierno central no ha transferido al País Vasco. Porque no debemos permitir que vuelvan a engañarnos estos malabaristas del juego sucio, inmoral y ventajista: nadie que esté pensando en construir un país independiente, se preocupa de que le transfieren competencias en materia de inspección pesquera o de seguros. El desafío que ha planteado el nacionalismo vasco (incluida ETA-Batasuna) es hasta tal punto inadmisible en un Estado de derecho -o me dais lo que pido o lo tomo por mi cuenta-, que su finalidad no puede ser otra justamente que la de buscar una respuesta negativa, para intentar construir sobre la misma una coartada para la secesión territorial. Y todo ello, segunda diferencia, sin que ETA haya dejado de matar. Es decir, todo ello con el apoyo de la coacción armada de los pistoleros, los chicos de la gasolina y los chivatos, a los que el PNV condena por la boca pequeña y de los que se aprovecha por la grande. El Gobierno vasco, ciego de sectarismo etnicista y de odio antiespañol, conduce a Euskadi al precipicio. Sería un delito de lesa humanidad permanecer en silencio ante tal monstruosidad. España es un Estado de derecho. Y por serlo, sus instituciones tiene una obligación inexcusable: la de garantizar el cumplimiento de la ley. Para eso han sido elegidas por el pueblo.