Pero, claro, teniendo yo como tenía la oportunidad de hablar personalmente con Miterrand, yo sabía que cuando le pusiera encima de la mesa la estadística de los muertos, quiénes eran, las circunstancias en que habían sido asesinados, eso le iba a producir un efecto. Y así fue. Cuando le dije: -«Mira, éste es el número de víctimas, éstos son militares, éstos son policías, éstos son...» Él me dijo: -«¡Esto no puede ser verdad, porque si fuera verdad resulta inexplicable que haya aguantado el aparato del Estado! ¡No puede ser!» Así resume Felipe González, en una entrevista con Victoria Prego publicada hace unos días, su primer encuentro oficial con el Presidente de la República francesa, el 20 de diciembre de 1983, encuentro que marcó, según González, un cambio decisivo en la actitud del Gobierno de París respecto a ETA. Transcurridos casi veinte años de ese encuentro, sigue siendo necesario preguntarse cómo es que la democracia española ha sido capaz no ya de resistir el acoso de una banda terrorista, frente al cual ha reaccionado de la única forma que cabe hacerlo en un Estado de derecho (persiguiendo, juzgando y encarcelando a los terroristas y a sus cómplices) sino cómo ha podido aceptar la escandalosa impunidad del grupo que con nombres diferentes (HB, EH, Batasuna) ha dado cobertura política a la banda criminal, además de ser su principal cantera de activistas. La respuesta pone la carne de gallina, pues la impunidad nació de un garrafal error histórico: haber pensado que dejando hacer a los emisarios de la bestia, aquellos acabarían convenciéndola de que dejase de matar. Nada de eso ha sucedido, sino más bien todo lo contrario. Los emisarios han actuado cada vez más como lo que son en realidad: crías amamantadas por la bestia con una amarga mezcla de las lágrimas, la sangre, y el sudor de los miles de vascos que han debido pagar un alto precio por no ser nacionalistas. Salvo el PNV, y sus amigos, nadie niega esta evidencia dolorosa. Por eso, las dos iniciativas con las que el Estado pretende ahora romper una impunidad que algún día habrá de avergonzarnos como pueblo, la del juez Garzón persiguiendo penalmente a Batasuna y la Ley de Partidos que podría permitir su ilegalización por vía civil, cuentan con el apoyo casi unánime de las fuerzas democráticas. Casi unánime. El PNV votó en contra de esa Ley porque dijo que a Batasuna había que perseguirla con el Código Penal. Ahora, cuando la acción penal rinde sus frutos, la califica de lamentable e ilegal. Esa actitud cobarde e inmoral -tanto más inmoral por venir de quien no sufre la violencia- hace legítimo que todos nos preguntemos por qué no quiere el PNV acabar con quienes dirigen el acoso contra los vascos no nacionalistas. Decir que tal cosa resulta incomprensible sería faltar a la verdad. Pues la verdad, la durísima verdad, es que cada vez resulta más fácil de entender.