Es verdad que la economía española ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos ocho años coincidiendo con un ciclo expansivo de la coyuntura internacional, y que hemos progresado en la convergencia real con las economías europeas. También es cierto que se ha generado empleo, aunque seguimos teniendo una baja tasa de actividad en comparación con Europa. Y no es menos cierto que se han equilibrado las cuentas de la Seguridad Social y el Inem goza de un excedente en su cuenta total por cotizaciones de los trabajadores que se dedica, sorprendentemente, a bonificar a las empresas. Es decir, los españoles hemos trabajado duro, empresarios y Gobierno lo saben, y los sindicatos han favorecido el acuerdo social. Por eso nadie consigue explicar el empecinamiento de Aznar a la hora de buscar un choque frontal con todos los sindicatos. La supresión de los salarios de tramitación constituye un ataque directo al trabajador cuyo despido es declarado nulo por el juez, por lo que se abarata el despido y se favorece el empleo temporal. El gasto en protección por desempleo en España es de los más bajos de la UE y el grado en la intensidad de la protección, de los más débiles en el mismo ámbito. Nuestro esfuerzo en gasto público en políticas activas de empleo en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) está por debajo de la media de los Quince. Y a pesar de la nueva definición del parado, en el primer trimestre del presente año 2002, el 54% no tuvieron ninguna prestación y el número de rechazo de ofertas de trabajo no llegó al 1,5% de los receptores de prestaciones. Ésta es la verdad. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, de-saconsejó la presentación de unas medidas que romperían el diálogo social con los sindicatos. La probable pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2004 y las aspiraciones de Aznar a presidir la UE en el momento en que se confirma el triunfo de la derecha más fundamentalista y liberal, no parecen explicar la situación. En realidad, la batalla de fondo pretende romper las rigideces del modelo social europeo, es decir, liquidar las bases del pacto de la posguerra europea entre socialistas y democristianos, que alumbró un largo período de crecimiento y de estabilidad social basado en la seguridad en el empleo, con sistemas efectivos de protección social para trabajadores y jubilados, normas fiscales guiadas por criterios de progresividad en la imposición directa, eficaces servicios públicos que asegurasen la educación y la sanidad para todos y empresas públicas que, en sectores estratégicos, no dependieran en exclusiva de la rentabilidad privada. Los nuevos fundamentalistas del mercado , como los califica el profesor Sampedro, se han propuesto acabar con todo ello bajo al advocación de la eficiencia , entendida como la eliminación de todo aquello que condicione o limite el icono del mercado y del beneficio privado. Así las cosas, el obsoleto Welfare State se hunde y el 20-J libra una de sus últimas batallas.