Para la ciencia económica invertir significa aumentar la capacidad productiva del sistema. La inversión o acumulación de capital constituye así una variable clave para su reproducción y crecimiento. La inversión crea puestos de trabajo (aunque pueda generar también paro tecnológico), incorpora el progreso técnico a los procesos productivos y condiciona la redistribución de la renta. Además, la inversión es un factor fundamental de estabilidad económica. De acuerdo con este concepto no son inversiones, aunque el lenguaje común así lo considere, la compra de bienes inmuebles (vivienda o terrenos) o las i nversiones financieras. Comprar una vivienda para uso y disfrute afecta al bienestar del adquirente, pero no aumenta la capacidad productiva del país. Lo mismo ocurre con la compra de terrenos cuando no se mejora su destino productivo. Las llamadas inversiones en Bolsa expresan cambios en la propiedad de los títulos, pero no suelen aumentar capacidades productivas. Y esto es relevante por lo que sigue a continuación. El paradigma neoliberal, actualmente dominante en el mundo académico, defiende un presupuesto mínimo, equilibrado y neutral (como los economistas clásicos de finales del siglo XVIII), porque sigue considerando al sector público como un Leviatán. No quiere impuestos progresivos y políticas redistributivas excesivas, porque enfatiza sus efectos negativos sobre el ahorro, la inversión y el trabajo. Condena el déficit y la deuda pública porque dice que elevan los tipo de interés y expulsan a la iniciativa privada. Defiende un mercado de trabajo desregularizado y califica al Estado de Bienestar de ineficiente, despilfarrador y deficitario. Confía generosamente en la política monetaria y en los ajustes automáticos del mercado. Afortunadamente para los perdedores, la ciencia económica tiene más paradigmas que el neoliberal. En este contexto ideológico y normativo se inspira la política económica. Pero las contradicciones son también relevantes. Por ejemplo, si una administración con hacienda saneada desea realizar un proyecto ambicioso (financiado con deuda) en infraestructuras, educación o I+D, debe tener paciencia. Sus efectos sobre el crecimiento y el bienestar social parecen incuestionables, pero el proyecto es irrealizable porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria. Supongamos además que el ahorro disponible por esta ausencia de endeudamiento público lo utilizan agentes privados para financiar viviendas o especular en Bolsa. ¿Quién gana con la prohibición? ¿Qué gasto aumenta la capacidad productiva? ¿Por qué se condena a la inversión pública? ¿No se quiere crecimiento, empleo y convergencia? La respuesta a estos interrogantes, amigo, ya no está en el viento. Ahora es fácil comprobar como la iniciativa privada construye, financia y gestiona cada vez más carreteras, aparcamientos, hospitales y servicios públicos diversos. Cobrando un precio y obteniendo un beneficio, claro. Como en el mercado.