Aunque en la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de partidos políticos que se discute en estos momentos en el Congreso se dice que la finalidad esencial es mejorar y fortalecer el estatuto jurídico de los partidos políticos, es un hecho incontrovertido que la verdadera y única razón de ser de esta iniciativa es conseguir la ilegalización de Batasuna, si bien, abierto el portillo, las consecuencias también las pueden sufrir otros que no tienen nada que ver con la izquierda abertzale. Ese es su objetivo y así es como se ha presentado este proyecto en sociedad por parte de Aznar. Para los populares está claro que la ilegalización de Batasuna es un hecho políticamente ya decidido, que no admite ninguna duda razonable. Hay que ilegalizar lo que se considera políticamente ilegítimo. Una tesis francamente peligrosa desde el punto de vista de la salud democrática de una sociedad abierta, si no se ponen límites a tal pretensión, y que no sólo defienden los populares, sino también por los socialistas de Zapatero. Hace diez años era ilegítimo promover desde las asociaciones civiles y desde los partidos políticos la insumisión al servicio militar obligatorio. Y era ilegítimo porque ello representaba la incitación a la comisión de un delito. Es decir, de conformidad con el artículo 515 del Código Penal y también con la vigente ley de partidos políticos, todos los grupos políticos y asociaciones que promoviesen, alentasen, defendiesen o justificasen los actos de insumisión al servicio militar podrían haber sido objeto de un proceso de disolución judicial, tanto civil como penal. Sin embargo a nadie de los de ahora se les ocurrió la brillante idea de iniciar un procedimiento de ilegalización de IU, BNG o de colectivos como el MOC. Y sin embargo, para la doctrina oficial, promocionar la insumisión era un acto no sólo incorrecto, sino también ilegítimo. Dejando a un lado el caso especial que representa Batasuna, no todo lo que en un momento histórico aparezca como ilegítimo políticamente debe tener como respuesta del Estado de Derecho la ilegalización. Sin embargo, para los que así piensan, el trámite que resta es el de la formalidad judicial de la disolución. ¿Y si, aprobada la ley, además sin la retroactividad y con una mayor concreción de los hechos que son causa de ilegalización, e instado el procedimiento judicial, los magistrados no se pronuncian a favor de la disolución porque la actividad pública desplegada por Batasuna se ha adaptado cual camaleón al nuevo terreno de juego? No hace muchos años, cuando con la modificación de los reglamentos del Congreso y del Senado se intentó dejar a HB de facto sin representación institucional en las Cortes Generales a cuenta de la exigencia del acatamiento constitucional, esa formación supo adaptarse a la nueva exigencia con la ocurrente fórmula de «por imperativo legal, acato la Constitución». No pasó nada en HB, y sus integrantes siguieron mofándose de la Constitución, pero con la agravante de que después lo hacían con mucho más recochineo. Mucho me temo que ahora nos vamos a encontrar ante situaciones parecidas. Batasuna se adaptará a la situación, adecuará su discurso y en su actividad propia de partido no habrá nada que suponga promover, apoyar o alentar la violencia. Una cosa es ser desalmado, otra bien distinta es ser tonto, y éstos tontos no son. Formalmente nunca habrá una prueba que dé certeza judicial de que Batasuna apoya y alienta directamente la violencia. Como partido no la han apoyado ni han incitado a la comisión de actos violentos, sino que han justificado políticamente a ETA y su violencia terrorista. Distinción que, si bien en el ámbito político resulta irrelevante, es importante a nivel judicial. Nunca la han condenado pero si hace falta, hasta la reprobarán. Y eso a ETA ni le molestará, ni le perjudicará. Dirán en relación a la violencia de ETA cosas más suaves que las dichas por el Sinn Feinn sobre la violencia del IRA. Si les sale bien, estupendo, y en caso contrario recurrirán ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y alegarán en su defensa la legalidad de Batasuna en el Estado francés. Llegados a tal situación probablemente ganarán, y entonces nuevamente habrá que recordar a algunos que la vía más certera y eficaz para combatir la actitud subordinada de Batasuna ante ETA reside en la unidad y en los acuerdos entre los partidos democráticos. Hoy la propuesta de la ilegalización no sólo es un obstáculo infranqueable para la unidad democrática, sino que además se la percibe como un instrumento central del Gobierno Aznar en su estrategia de confrontación y disputa con el PNV, y particularmente con el lehendakari Ibarretxe.