El 95% de los españoles, es decir, todos, se considera tolerante con la inmigración. Pero no es cierto. Por mucho que lo diga el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y tanto que no es cierto que, inmediatamente, el 47% dice actuar con desconfianza frente a los que llegan de otros países. Por eso, asociar inmigración con delincuencia resulta altamente peligroso. Incendiario. De forma especial si se hace desde el Gobierno. Quizás sea lo más simple para explicar el incremento de delitos y la falta de seguridad ciudadana. Pero es un barril de pólvora porque origina una actitud agresiva y enciende odios y rencores. El partido del Gobierno asegura que España puede y debe ser un país de acogida. Y dice también que hay que hacer un gran esfuerzo de integración. Pero, al tiempo, deja caer unas malévolas estadísticas que conducen a pensar que si no hubiese inmigración, la delincuencia y los delitos comunes caerían en picado. No es éste el mejor momento para sembrar, de forma irresponsable, la duda y la alarma. La ola de xenofobia que está recorriendo Europa no puede ser alimentada con interpretaciones equívocas. La inmigración tiene que plantearse como un reto. Jamás como un problema. Aunque para ello los políticos tengan que decidirse a abandonar su torre de marfil y afrontarlo, sin actitudes vacilantes. Sin mirar hacia otro lado. Sin dejación de funciones. Las perspectivas no son nada halagüeñas. La sociedad española se muestra cada día más reticente ante el fenómeno de la inmigración. No surgen relaciones de buena vecindad. Y encima hay quien no duda en alimentar el fuego. Como si los que llegan en una patera, en un camión frigorífico, o en los bajos de un autobús, vinieran huyendo de un clima que no les es propicio y no del hambre, de la miseria y de la guerra. Es cierto que entre los inmigrantes se infiltran delincuentes. No es necesario que lo diga el Gobierno. Pero no generalicemos. También se infiltran entre los jueces. Por ejemplo.