Si bien la ciencia y la tecnología se abordan legislativamente por primera vez en 1986, no es hasta 1998 cuando, en una nueva estructura de gobierno, se las dota del máximo rango administrativo: un ministerio. Con esta decisión uno interpretaba que se había abordado un proyecto sólido para la gestión de la investigación científica y tecnológica, y si bien existían precedentes de decretos de reestructuración incumplidos, la estructura de un gobierno con la ciencia y la tecnología contemplada en un rango ministerial permitía prever actuaciones políticas y administrativas que renovaran e impulsaran la investigación científica. Sin embargo, los últimos datos y actuaciones conocidas nos sitúan de nuevo en la perplejidad y la incertidumbre: la gestión relacionada con los recursos humanos creando nuevas escalas de investigadores, que no clarifican lo relativo a la incentivación e integración competitiva de los científicos pertenecientes a un mismo ministerio, sino que introducen elementos segregadores entre ellos, ahonda en la desmotivación del personal y añade problemas a una hipotética política de gestión del conocimiento, que tiene su principal sustento en los recursos humanos. Por otra parte, la paralización administrativa de la gestión de programas y proyectos de investigación, con una ejecución presupuestaria inferior al 30%, retrotrae la administración de la investigación a los tiempos de Larra. Pero estos desaciertos administrativos y mala gestión no tienen nada que ver con esos principios genéricos que demonizan a la administración y a la función pública y formulan el silogismo de la gestión privada. Independientemente de que existe una terca realidad que enseña que no todas las empresas privadas son sólidas y de futuro, existe también una realidad próxima que nos permite reconocer que en paralelo a una política científica existió en este país una sólida gestión en la mayor parte de la administración científica española que permitía alcanzar año tras año una ejecución presupuestaria superior al 80%. Hablamos de un proceso continuado que se inició allá en 1978 y se mantuvo al menos hasta los primeros 90. En ese proceso, existieron personas conocedoras de la ciencia de la administración, convencidas de su papel como administradores de la I+D y que -con todas las dificultades- creían en la viabilidad de una administración pública eficaz. Personas, como Lucio Rafael Soto o Alejandro Nieto, que sustentaron una política de desarrollo de una administración científica española de reconocida eficacia. Eficacia que, según los datos actuales, ha desaparecido.