Es verdad que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el PSOE, en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos, han excluido del proyecto las causas más clamorosas de una posible inconstitucionalidad, pero no es menos cierto que el conjunto del texto acordado mantiene la evidencia de ser una ley ad casum referida a la posible ilegalización de Batasuna. La prueba evidente es que el debate sobre su condición retroactiva se ha convertido en la cuestión central de un proyecto que sigue adoleciendo de confusión jurídica, lo que explica las diversas interpretaciones que se están produciendo al respecto. La redacción modificada de la disposición transitoria segunda, en concordancia con el artículo 9.4, mantiene una ambigüedad preocupante. Y ello es de la mayor trascendencia, porque pudiera ser uno de los motivos de los recursos de inconstitucionalidad ya anunciados, tanto ante nuestro Tribunal Constitucional como ante la instancia correspondiente de la Unión Europea. Con la ley en la mano, ¿se puede iniciar el trámite de ilegalización el día siguiente de la entrada en vigor de la ley, o es preciso esperar a que Batasuna incurra en alguno de los delitos previstos en el texto? Lo que nos lleva directamente al núcleo de una decisión arriesgada. No quisiera manifestarme reiterativo, pero el calado de la cuestión lo exige: en mi opinión, la ilegalización de Batasuna no nos acercará al final del terrorismo de ETA, y, por el contrario, puede acentuar la espiral del conflicto político. Puede potenciar el victimismo de la organización política abertzale, servirá para buscar la legitimidad de la violencia alegando la obturación de las vías políticas, le ayudará a Batasuna a recomponer las graves fracturas internas y externas, radicalizará a grupos que ahora no comparten el tiro en la nuca ni el coche bomba, e incrementará la incomunicación y el antagonismo de Madrid con el nacionalismo democrático vasco. Además, es posible que Batasuna recupere buena parte de los votos perdidos en las elecciones del 13 de mayo del pasado año. No existe mayor error en la gobernación política que tratar con simpleza lo que es complejo. Y caben pocas dudas sobre la complejidad del problema vasco . Ojalá me equivoque y no tengamos que lamentar, dentro de dos o tres años, los errores de hoy, como ya ha ocurrido en el pasado. La justa indignación de los ciudadanos al constatar el grado de cinismo y de miedo de los que no quieren condenar los asesinatos de ETA, no debería llevarnos a la comisión de un nuevo error que retrasará la solución del problema. Estoy persuadido de que el final de ETA y de su brazo, Batasuna, se producirá a consecuencia de un proceso de intensa deslegitimación política y social, y de la persecución policial. El responsable político tiene la obligación de adoptar decisiones que, alejadas del fulgor inmediato, sienten bases reales para la superación de los problemas. En este caso, el de la violencia etarra que está causando la devastación de una sociedad vasca atravesada por la desesperanza y el vacío.