La nueva ley de partidos políticos, pensada por y para Batasuna, va a ser aprobada muy pronto, casi a trompicones, por el bloque de partidos políticamente correctos. Y ese amplio consenso, que nadie se atreve a mermar, va a contribuir a incrementar dos males que afectan seriamente a nuestra democracia: la creciente confusión entre lo correcto y lo legítimo con la mayoría y el consenso, como si un error dejase de serlo por el simple hecho de ser colectivo, y la total imposibilidad de exigir responsabilidades políticas por las acciones de gobierno adoptadas por unanimidad, y en las que todos aciertan o yerran en bloque, por Dios y por la Patria. La verdad es que en España, cuando se trata de los grandes temas que afectan a la arquitectura constitucional, a las libertades, a Europa o a la política exterior, no hay oposición, como si el pluralismo y la democracia sólo tuviesen cabida y función cuando se trata de asuntos menores o de simples banalidades. Por si eso fuera poco, también los ciudadanos se han acostumbrado a una política sin problemas, y lejos de parase a discutir los grandes temas que afectan al futuro de nuestra sociedad ¿terrorismo, inmigración, ampliación europea, política internacional y un largo etcétera¿ casi todo el mundo apuesta por una política de avestruces que, si no puede resolver los problemas, tiene gran habilidad para hacerlos polvo y meterlos debajo de la alfombra. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la nueva ley de partidos no puede evitar la pirueta que identifica la defensa política del principio de autodeterminación y de sus explicaciones extremas con la acción terrorista organizada que mata a destajo para conseguir ese mismo efecto. Y nadie puede, sobre todo, explicar los límites de ese puente de barcas que permite establecer la criminalidad de los partidos sobre la base de la condena criminal de algunos de sus miembros. Y eso es una fuente de problemas que en modo alguno se agota por el hecho de que se apruebe la ley por amplia mayoría. Desde el punto de vista práctico, la ley de partidos recurre a la vieja estrategia de frenar el río con un dique, sin evitar las aguas que fluyen de la montaña. Y eso sólo sirve para aplazar un problema que luego se ceba sobre la realidad de una forma virulenta. Todo el mundo sabe que los problemas reales ¿y el vasco lo es¿ no se resuelven por la vía de las definiciones y las prohibiciones abstractas. Pero Aznar ya ha decidido pasar a la historia como un gobernante firme, valiente, inflexible y cuadriculado, sin que nadie se atreva a correr el más mínimo riesgo político en defensa de la puridad democrática y de la racionalidad operativa. Por eso escribo tan poco de esto. Porque es una batalla perdida, y porque casi hay que pedir perdón después de decir lo que todos sabemos que es una obviedad. Y porque nadie puede razonar contra el único argumento que funciona después del 11 de septiembre: algo hay que hacer , aunque sea una tontería.