XERARDO ESTÉVEZ
20 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Principado de Asturias acaba de aprobar, con un apoyo casi unánime en un contexto político complejo, una nueva Ley del Suelo. También en el primer Parlamento gallego, en la legislatura 1981-85, logramos llegar a un amplio acuerdo sobre el texto de la norma urbanística superior, en un clima memorable de colaboración. La Xunta de Galicia quiere emprender ahora una nueva reforma y se percibe en el abanico parlamentario una disposición al consenso. Lo que está en juego es muy importante. En el mismo sentido quiero referirme a los planes generales de ordenación. Para un municipio, el Plan General viene siendo su pequeña constitución. Es, como todas, una norma con una vigencia limitada y siempre perfectible, pero si se cambia de arriba abajo cada vez que se renueva el gobierno local, aparte de generar una sensación de inseguridad general, se da a entender que el urbanismo es más una cuestión de coyuntura y de intereses concretos que otra cosa. Pactar el plan significa establecer un consenso fundamental en el seno de una corporación municipal. Ello supone tomar, en primer lugar, la ineludible decisión de redactarlo, ya que sin él no se llega a ninguna parte, y al mismo tiempo apostar por su calidad. Si los instrumentos de planeamiento están mal desarrollados es difícil conseguir el consenso, mientras que la solvencia técnica fomenta el acuerdo, ayuda a aunar voluntades. El rigor y el interés general aproximan posturas; el disparate, la frivolidad o el beneficio inmobiliario particular sin otra justificación desunen. Antes de redactar el plan, el ayuntamiento puede y debe ponerse de acuerdo en el perfil del futuro del municipio, para plasmar después gráficamente en un documento de avance de planeamiento esas primeras impresiones estratégicas que permiten definir a primera vista las líneas generales del crecimiento, la protección, el papel de las infraestructuras y los equipamientos... Esto debiera ser una cosa más de convencimiento y de sentido común que de ideología, y hasta esta fase de avance el acuerdo tendría que ser prácticamente obligado. De hacerse así, el plan puede desempeñar un papel ético, al combinar lo público con lo privado y contextualizar el interés particular en un ámbito general. Sólo la Iglesia ha tenido a través de la historia la potestad de pedir el perdón siglos después de haber cometido el error, pero el urbanismo y los mortales carecemos de esta facultad. No es, por lo tanto, admisible al día de hoy aprender sobre la experiencia del fracaso y el destrozo territorial, no sólo por una cuestión estética, sino también porque es económicamente insostenible.