XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO, Catedrático de Economía Aplicada
15 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La expresión pacto local nace en la Asamblea General Extraordinaria de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) celebrada en A Coruña los días 5 y 6 de noviembre de 1993. Dicha asamblea trató dos asuntos relevantes: a) reflexionar sobre las competencias que deben tener las entidades locales, y, b) potenciar la financiación municipal para hacer efectivo el artículo 142 de la Constitución. Ambas cuestiones constituyen la sustancia del pacto local. Pero van allá casi nueve años y los resultados son precarios o nulos. Ahora se habla otra vez de pacto local, pero más bajito, probablemente porque se asocia a subvención, enredo, ruido electoral, disco rayado, perdiz mareada. Sin embargo, debemos ser conscientes que el municipalismo gallego precisa hoy más que nunca de un gran pacto local. Un pacto local previo al que al que habitualmente proclaman los discursos oficiales. Dos razones poderosas justifican esta afirmación. Primero, porque urge analizar las causas objetivas que explican la situación de la gran mayoría de municipios gallegos, situación caracterizada por presupuestos raquíticos, fiscalidad anoréxica, insensibilidad urbanística, declive demográfico, ausencia de proyectos estratégicos, insuficientes medios técnicos y escaso personal cualificado. Todos ellos rasgos que debilitan la dimensión política del municipio y que son además antesala de la nada. Corregir o reducir estas patologías estructurales (sobre todo las presupuestarias, fiscales y urbanísticas), con tesón e inteligencia, constituye hoy el objetivo prioritario del municipalismo gallego. Son materias que, a nuestro juicio, deberían nutrir ese pacto local previo para normalizar una situación angustiosa y triste. Y eso es tarea de todos: gobiernos, partidos políticos, organizaciones sociales, ciudadanos. Estamos ante un problema de profunda raíz cultural, pero que afecta directamente a la calidad de la democracia. La segunda razón es poderosa e invalida cualquier pacto convencional. El argumento lo proporciona un municipio gallego que en homenaje a Pepe Isbert le llamaremos Villar del Río. Los presupuestos de este municipio eran 1.240 millones de pesetas en el año 2000 y 1.910 millones en el 2001. En el 2002 el presupuesto suma 9.433 millones (56,7 millones de euros), contabilizando subvenciones de la Xunta de Galicia por 2.946 millones de pesetas. La cuantía y naturaleza de las obras así financiadas se especifican con detalle en el mismo. O sea, Villar del Río dice que va a recibir subvenciones equivalentes al 45% del Fondo de Cooperación Local contemplado en un presupuesto que todavía se discute en el Parlamento. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo negociar en estas condiciones un pacto local? ¿Qué dirá el resto de municipios? Pues muy fácil (todos a coro): «¡Nosotros como Villar del Río!». Pero eso absorbería el 78% de todo el presupuesto autonómico y claro, no se puede abusar. La bondad ajena tiene siempre sus límites y su paciencia.