El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha tranquilizado a la opinión al señalar que el sistema bancario español no corre peligro. La afirmación no ha podido ser más oportuna después de los últimos incidentes que hacían dudar de la seriedad del sistema. Por un lado, hace unas semanas Botín, con el asentimiento de la Comisión ejecutiva de su banco, en decisión que corroborará, sin duda, la próxima junta general indemnizó a su, hasta aquel momento, molesto copresidente Amusátegui, con una cantidad de quítame allá esas pajas. Y por otro, el actual affaire Ybarra/Banco de España, del que a cuenta gotas se va sabiendo algo. Y decía que ha hecho bien el ministro en transmitir calma a la opinión pública y manifestar su convicción de que las cuentas secretas del banco no afectan al BBVA desde el punto de vista «de su eficacia, solvencia y seriedad». La gravedad del asunto es, sin embargo, por más que le pese al ministro, obvia. De momento se sabe que el Banco ocultó a todos (entre ellos a Hacienda) durante 14 años en los paraísos fiscales de la Isla de Jersey, Islas del Canal y Liechtenstein, al menos 37.343 millones de pesetas que afloró en el 2000 como ingresos extraordinarios. Se sabe también que se constituyeron suculentos fondos de pensiones para los consejeros del Banco (que por serlo ganan 75 millones al año), con el infantil argumento señalado por su expresidente de disponer de dinero para la compra del Banco Mexicano Bancomer. Y se sabe por último que desde las cuentas secretas de los paraísos fiscales se destinaron 1,5 millones de dólares a financiar la campaña electoral de Hugo Chávez. No es poco lo que se sabe, pero todo parece indicar que es mucho más lo que se ignora. De momento no se sabe que la Agencia Tributaria haya abierto expediente tributario al Banco, (no olvidemos que el actual secretario de Estado de Hacienda fue asesor fiscal durante 10 años del BBVA). No se sabe a cambio de qué se le dio dinero a Chávez. Tampoco se sabe el por qué de los fondos de pensiones a nombre de los consejeros del Banco, en cantidades ridículas si la finalidad era lograr la compra del banco mexicano, y no se sabe cuál fue la razón de que se mantuvieran bajo su titularidad, si eran meros fiduciarios, máxime después de haber logrado el control del Banco en junio de 2000. No se entiende el por qué de la actitud de uno de los consejeros, que dispuso del fondo si no era su propietario. Y no se comprende el sepulcral silencio del Banco de España, especie de convidado de piedra en todo este asunto. Un rayo de esperanza aparece sin embargo. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón se han puesto a actuar. Entretanto, como si de una república bananera se tratase, «así son las vainas».