VENTURA PÉREZ MARIÑO
22 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Es relativamente reciente el glamour de la clase empresarial, de los banqueros y, en definitiva, de la economía. Los quioscos de prensa se han ido llenando de periódicos especializados y de hojas color salmón, y el que más y el que menos hace sus pinitos en bolsa -¡que disgustos!-, se interna en las opa como en las olas y opina sobre Fefe o Botín como si se tratase de Figo. Son signos de una sociedad que ha abandonado los enfrentamientos clasistas del pasado, que ha superado la ecuación ricos/pobres con el asentamiento de una pujante clase acomodada. Y entre las verdades que se han ido consagrando en época actual figura la necesidad de cuidar y promover una nueva clase empresarial, emprendedora, capacitada e imaginativa, que propicie la creación y mantenimiento del bienestar social, del respeto al medio ambiente y de los derechos de los trabajadores. A nadie se le escapa por otra parte que el capital, base de las empresas, ha de ser bien retribuido, lo que es la esencia del propio sistema, y lo que permite las reinversiones y el crecimiento. En ese orden de cosas no cabe duda que son los propios administradores los únicos capacitados para organizar el sistema retributivo de cada organización empresarial, siempre y cuando cumplan con los mínimos legales establecidos. Pero deben de hacerlo responsablemente porque, cuando una empresa entra en crisis, no sólo pierden sus propietarios sino también todo su entorno, comenzando por los trabajadores. Así las cosas, nada podría oponerse a que el actual presidente del Banco Santander-Central-Hispano haya indemnizado a José María Amusátegui con 7.279 millones de pesetas por apurar su marcha como copresidente del Banco, salvo, claro está, lo que podrán decir en su día los accionistas de la sociedad. Nada puede pues objetarse a tan importante cantidad, lo que no impide que parezca agraviosa y desproporcionada. Agraviosa para los propios trabajadores del banco que están negociando con las lógicas dificultades la dotación de sus fondos de pensiones; y desproporcionada, pues parece exagerado el coste de sacar del medio a un copresidente al que le quedaba muy poco tiempo de función. Pero como todo, tiene un lado positivo. Si Amusátegui tributa como indica la ley, cuando este año realice su declaración de IRPF, el 48% de la indemnización será para la Hacienda Pública, que es de todos. A salvo, claro está, que algún artificio financiero lo impida.