ERNESTO S. POMBO
22 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial ha venido acompañada de un largo rosario de quejas por parte de colectivos del sector, particulares, especialistas, y hasta de alguna asociación de agentes de tráfico. En este país, tan dado a la crítica, siempre que una ley entra en vigor asistimos a una controversia que, afortunadamente, el tiempo va acallando. Así volverá a ocurrir, aunque en esta ocasión la desaprobación haya sido prácticamente unánime. La nueva Ley de Tráfico se nos antoja más represiva que preventiva. Es cierto. Pero cualquier suposición sería asumible si el fin último, evitar la sangría de víctimas en la carretera, se cumpliese. La cifra de cuatro mil muertos y decenas de miles de heridos, el pasado año, lleva a España a figurar como uno de los países europeos de mayor siniestrabilidad. Y hay que evitarlo. Aunque el endurecimiento de la ley no sea una garantía para reducir los accidentes. Nadie puede discutir que la voracidad recaudatoria del Estado se incrementa de forma alarmante. Cualquier disculpa es útil para seguir alimentando las arcas públicas. Pero tampoco nadie, con sentido común, puede criticar la prohibición de usar el teléfono móvil mientras se conduce, o de superar en un 50% la velocidad máxima autorizada. Quienes así lo hacen no son conscientes de la responsabilidad que adquieren cuando se ponen ante un volante. Hay que mentalizarlos de que el coche mal utilizado es un arma asesina. Pero la nueva ley puede quedarse únicamente en una norma coercitiva si no se acompaña de otras medidas. Y malo el Estado que sólo protege a sus ciudadanos sancionándolos. Porque lo que existe en este país es un problema de educación. Y también un problema de infraestructuras. Pueden imponernos las sanciones que quieran mientras nos obliguen a transitar por carreteras como las de Galicia que tienen el honor de contar en su red con algunas de las vías de mayor siniestrabilidad de Europa.