VENTURA PÉREZ MARIÑO
29 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La aplicación sin más del principio constitucional de presunción de inocencia haría que nadie pudiera estar privado de libertad antes de ser condenado por sentencia definitiva. Para evitar el absurdo que esto supone, la ley prevé la normalidad de la situación de prisión de todos aquéllos que son acusados formalmente de haber cometido delitos graves, o que hayan causado alarma social, o se trate de personas de las que se intuya la intención de eludir sus responsabilidades. En el caso de Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, concurren todas las circunstancias para que su normalidad sea la estancia en prisión a la espera de la celebración del juicio. Se le acusa de graves delitos, por tráfico de droga que causa grave daño a la salud -cocaína de alta pureza-, en cantidad de notoria importancia -diez toneladas-, presumiblemente cometido por una organización de la que Santamaría era dirigente. A ello debe añadirse la alarma social que acciones como esa producen y el riesgo de fuga que existe cuando se trata de una persona para la que se solicitan sesenta años de cárcel. Pues bien, a pesar de todo ello, la sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por razones humanitarias, dado el trastorno psiquiátrico que padece, le concedió la libertad provisional. Un error grave, en mi opinión. En toda prisión existe enfermería. Y no existe ninguna limitación legal para trasladar presos a centros hospitalarios por el tiempo necesario para su tratamiento. No puede entenderse el argumento del tribunal de que «la enfermedad aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga». Al contrario, si como se dice su enfermedad se le acentuaba en prisión, una razón más tenía para no volver a ella. Cuando la lógica desaparece, nada se sostiene. Santamaría no se equivocó. Hizo lo que ansía cualquier persona en sus circunstancias: huir. Otros son los que se han equivocado. Los que dejaron la lógica en otra parte.