ANXO GUERREIRO
12 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Es un hecho reconocido que Galicia y España disponen de un excelente sistema sanitario público, cuya cobertura abarca al conjunto de la población, tiene un alto grado de eficiencia, está bien valorado por la población y representa un bajo coste. Este sistema constituye una conquista histórica de nuestra democracia y es un instrumento básico de la cohesión social del país. El gobierno del Partido Popular heredó este modelo sanitario, pero es evidente que no lo comparte. Lenta pero inexorablemente el actual gobierno despliega una estrategia silenciosa tendente a la erosión y deterioro del sistema. El impulso a las fundaciones, el incremento de conciertos con clínicas privadas para reducir listas de espera, relegando el uso de sus propios recursos, la ausencia de medidas para mejorar la atención primaria o las restricciones presupuestarias, pese a que ocupamos el duodécimo lugar de la Unión Europea en gasto real sanitario por habitante, son pruebas indiscutibles de lo que venimos afirmando. En la misma dirección se dirige la producción normativa del Gobierno. De ésta conviene destacar, por su relevancia, la reforma del IRPF que incentiva fiscalmente la contratación de seguros privados por las empresas, y las órdenes de las consellerías de Sanidad, que como la de la Xunta tienden a convertir los médicos privados de empresa en médicos de atención primaria. Estas dos últimas medidas combinadas tienen un horizonte claro: el debilitamiento del aseguramiento universal público y la ruptura del sistema asistencial, con el fin de que el sector privado asuma, progresivamente, un papel predominante en la sanidad pública. Si estas iniciativas prosperan y llegasen a arraigar en la realidad, las consecuencias tanto sociales como sanitarias serían demoledoras. Nos encontraríamos, en primer lugar, con un deterioro en la calidad de nuestra sanidad, al primar la reducción de costes sobre la eficacia clínica. Se produciría paradójicamente un aumento espectacular de los gastos administrativos, asistiríamos, sin remedio, a la pérdida de la autonomía clínica y desde luego las compañías aseguradoras privadas seleccionarían, como ya hacen ahora, a los usuarios, dejando para la sanidad pública los casos más graves y costosos. Sistema de mínimos Desde el punto de vista social estas medidas abren un proceso tendente a implantar un modelo en el que la sanidad pública ofrezca unos mínimos que serán complementados por el aseguramiento privado. Dicho en otras palabras, una sanidad de mínimos para las capas más desfavorecidas y una sanidad de mayor calidad para los sectores económicamente más fuertes. En todo caso esta reforma fiscal representa un subsidio muy considerable para las compañías aseguradoras y constituye un fenómeno de grave injusticia social, ya que los sectores más poderosos de la sociedad son primados de forma muy relevante a costa de los sectores más débiles. No debemos perder de vista, finalmente, que esta estrategia privatizadora es un serio obstáculo para que los poderes públicos aborden los retos pendientes de nuestra sanidad y representa un freno a la necesaria convergencia sanitaria con Europa, de la que todavía estamos lejos. En cualquier caso, si el Gobierno considera necesaria una reforma sanitaria, ésta no puede plantearse de forma dispersa y subrepticiamente sino a través de un amplio debate abierto y transparente. De tapadillo, no.