ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
08 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Aunque para la mayoría de los ciudadanos españoles el 23 aniversario de la Constitución ha sido, como el 22, o el 21, ocasión para hacer puente y descansar, o para viajar a Cancún o a Isla Margarita, los que nos ganamos las habichuelas con la cosa sabemos bien que entre este 23 aniversario y los demás existe una notable diferencia. Y es que por primera vez desde que la Constitución fuera aprobada tras un pacto constituyente sabio y lleno de cordura, uno de los dos grandes partidos que participaron en el mismo, el socialista, ha planteado la posibilidad de reformarla. No es esa, claro, la única propuesta de reforma presentada hasta la fecha: de hecho, el nacionalismo vasco y catalán ha venido hablando desde siempre de la necesidad de cambiar esto o lo otro. Pese a ello, sus exigencias han suscitado, en general, poca atención: primero, por proceder de quienes no tienen, ni de lejos, el peso parlamentario necesario para propiciar una reforma; y después, porque CiU y el PNV, muy en su línea, han solido decir hoy una cosa y mañana la contraria. La iniciativa del PSOE es otra historia. Encaminada a convertir al Senado en una cámara de naturaleza federal, se limitaría a reformar varios preceptos del Título III, relativo a las Cortes Generales, lo que posibilitaría que la reforma fuese acometida por el menos costoso de los dos procedimientos previstos al efecto. Dadas, en todo caso, las exigencias establecidas en el mismo -el voto favorable de los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado- resulta casi imposible plantearse su obtención sin contar con el apoyo del Partido Popular. Por eso es con el PP, y no con la constelación de minorías nacionalistas presentes en las Cortes (CiU, PNV, CC, PA, BNG), con quien el PSOE ha de buscar una sólida alianza si quiere que su proyecto sea algo más que una quimera. Construir un Senado federal es, no les quepa duda alguna, mucho más difícil de lo que, un poco ingenuamente, parece creer la ejecutiva socialista. Pero aun en el caso de que llegara a construirse, las consecuencias de tal cambio serían, probablemente, menos relevantes en la solución del problema territorial que tenemos planteado -el de la lealtad constitucional de los nacionalistas- de lo que los propios socialistas, también algo ingenuamente, han aceptado, siguiendo los consejos de quien, Maragall, ha venido a ser aquí su gran gurú. ¿Se imaginan el negoción que haría el Partido Socialista rompiendo el consenso constitucional con el PP a cambio de facilitar la victoria de un Maragall apoyado por el independentismo catalán? A eso se le llama, en buen castellano, salir de madrigal y entrar en madrilejo.