ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
01 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Yo, claro está, no soy filólogo. Y aunque hablo gallego desde niño, no soy tampoco un especialista en lingüística gallega, como no lo soy en lingüística española, pese a hablar habitualmente en castellano. Por eso, si la discusión que ha originado la negativa de la RAG a aceptar la denominada normativa de concordia del gallego fuera sólo filológica, no osaría yo meterme en camisas de once varas. Lo cierto es, sin embargo, que esa discusión, que tiene un aspecto técnico indudable, presenta una dimensión que supera el mero debate entre lingüistas. De hecho, el fondo del problema es de otra índole. Para ser respetuoso con todas las partes implicadas, podría quizá formularse de este modo: la llamada normativa de concordia constituye una propuesta elaborada por reconocidos especialistas en lingüística gallega para facilitar la incorporación al uso de las normas oficiales de sectores que, defensores del reintegracionismo, se han mostrado dispuestos a aceptar aquellas normas a cambio de que las mismas acojan una parte de sus reivindicaciones idiomáticas. Al margen de varios escritores, bastantes profesores y algunos editores, entre esos defensores de lo que ha dado en llamarse el reintegracionismo de mínimos, se encontraba el BNG, su sindicato, y una asociación profesional situada en la órbita de ambos. Planteadas las cosas de esa forma, no tendría yo inconveniente en aceptar, vistos los contenidos de la propuesta rechazada por la RAG, que el precio a pagar para hacer posible la concordia resultaba tolerable. Y en aceptar, en consecuencia, que puede que la RAG se haya equivocado. Otra cuestión es la de si la normativa de una lengua puede estar sujeta a los vaivenes derivados de presiones corporativas o políticas, cuestión para nada baladí, pero en la que obviamente no puedo entrar ahora. ¿Por qué no aceptó la RAG la normativa de concordia? Quizá porque entendió que demostraba así bien a las claras quién tiene, y quién no tiene, potestad en la materia. O quizá porque el precio del acuerdo que, en términos lingüísticos, nos parece a algunos razonable, no se lo pareció a la mayoría de los señores académicos. O quizá, en fin, porque muchos miembros de la RAG entendían que no había llegado todavía el momento de pactar. Según el BNG, las razones son muy otras: las interferencias políticas del PSOE y el PP. Puede que sea así -yo no lo sé- pero, aun en ese caso, nadie en el Bloque nos ha explicado todavía por qué sólo los nacionalistas creen tener derecho a opinar sobre este asunto. Y por qué, según ellos, si otros presionan, interfieren, y si presiona el BNG, lo que hace es contribuir a la defensa de la lengua.